ONTRA lo que pudiera parecer por el acuerdo entre PSOE y PP para renovar cuatro plazas del Tribunal Constitucional, el atasco real no se ha soslayado. De momento, el pacto es fruto de que, en realidad, la mayoría de perfiles conservadores de la que se beneficia la sensibilidad sociopolítica del PP seguirá en el 7 a 5 vigente. Esto no va a cambiar porque, para que lo hiciera, tendría que poder nombrar en los próximos meses el Gobierno de Sánchez a dos nuevos magistrados que cambiarían de signo a nominalmente progresistas. El PP lo sabe y por eso no hay acuerdo en el CGPJ. Sin él, con un órgano interino incapaz, a su vez, de nombrar a sus elegidos en el Constitucional, no habrá nombramientos del Gobierno tampoco. Así que todo sigue igual.
O casi. Porque en este acuerdo parcial alcanzado hay indicios preocupantes. El reparto de cromos no mantiene la mínima pretensión de simular siquiera. A Ramón Sáez le consideran un juez "de izquierdas". No progresista, no: de izquierdas. Y a Concepción Espejel le acompaña una carrera de afinidad explícita con el PP por la que ha sido apartada de los casos que afectan al partido. Vamos, que si los jóvenes de Altsasu condenados por la agresión a dos guardias civiles hubieran sido del PP, Espejel no habría presidido el tribunal; sin embargo, siendo su marido coronel de la Guardia Civil, lo hizo.
Lo lamentable del asunto no es reincidir sobre vergüenzas pasadas sino constatar que esas no han servido para evitar otras futuras. El mismo riesgo de parcialidad que no era admisible en determinados casos de la Audiencia Nacional, parece no tener importancia en el Tribunal Constitucional. O, lo que es peor, se acepta por todas las partes que es parte del escenario natural en el que se desenvuelve la actividad del tribunal de mayor rango de la Justicia española. Luego ya, si eso, otro día hablamos del TC polaco y nos escandalizamos un porrón.
