L anunciado récord de recaudación de las Haciendas vascas este año ha dado lugar a muestras de satisfacción y, como no puede ser de otro modo, a enmiendas a la totalidad.
Los hay que reprochan el volumen de ingresos públicos, como si no le acompañara un incremento del gasto público. A estos, recordarles que el presupuesto es una herramienta de ejecución finalista: lo que se ingresa, se consume y no va al plan de pensiones de los gestores, a no ser que alguien considere de tal modo los de los funcionarios, que al fin y al cabo salen de su sueldo.
Los hay, también, que bucean en los números y han llegado a la conclusión recurrente de que los trabajadores somos los que sostenemos la estructura pública del bienestar con nuestro IRPF en lugar de hacerlo las empresas con el Impuesto de Sociedades. Amortizamos con cierta ligereza la aportación ajena al sistema. Desde las pensiones, mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, al propio IRPF, por medio de la creación de empleo, el modelo de generación de recursos pasa por la empresa en un porcentaje tan abrumador que se nos caerá toda la tramoya el día que decidamos acabar con ellas.
Esta realidad es evidente este mismo año. En un ciclo claramente contraído en materia de beneficios de las empresas vascas por el año y medio de crisis pandémica, la recaudación por Sociedades va a mermar. Olvidamos que es un impuesto que, aunque sometido a un interesante debate internacional sobre los mínimos tipos efectivos, solo se aplica sobre los beneficios. Si no hay unos no hay otro. A cambio, la recaudación crece en IRPF porque se han reactivado los ingresos de los trabajadores, bien por la finalización de los ERTE, bien por la creación de empleo, y el IVA por el consumo al alza. El debate es sano con la ecuación a la vista. Nunca se recauda a gusto de todos.
