Un periodista en la Sexta Noche analizaba recientemente la estrategia de los Franco ante la exhumación del dictador. Presentó un aluvión de denuncias en los juzgados “buscando un juez de esos fines”, seguía que la familia Franco tiene “un bufete legal con mucho dinero con el que buscaban cualquier resquicio” legal para paralizar la exhumación. Los Franco presentaron el recurso ante el Tribunal Supremo tras 17 denuncias en varios juzgados madrileños. Sigue el periodista desvelando cuáles son sus posesiones que alcanzarían el valor de unos 500 millones de euros. La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco se determinó mediante un real decreto ley convalidado por el Congreso el 13 de septiembre de 2018. Ahora, la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decretado la suspensión cautelar de dicha exhumación. El citado Tribunal, en su auto, afirma que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. Dado que es un hecho cierto que en esa fecha el jefe del Estado era Manuel Azaña, y que Franco no era nada más (y nada menos) que el cabecilla de los golpistas sublevados el 18 de julio de 1936, esta aseveración del Tribunal pone en duda, es un decir, la imparcialidad de los magistrados firmantes del auto para dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión.