El Estado Español debería plantearse con seriedad la presencia pacífica en su seno de las nacionalidades catalana y vasca, desterrando la fuerza militar y las leyes represivas para mantener la unión, pues el contexto internacional lo impediría, tal como lo está combatiendo el gobierno en Catalunya. No se puede someter a toda la población del Estado a la tensión que provoca la presencia forzada de catalanes y vascos que aportan más del 30 % del presupuesto nacional. La experiencia desde tiempos inmemoriales, pero en especial desde hace 200 años, es como para replantearse con rigor y lealtad mutua la dinámica necesaria para que cesen en su tradicional obsesión de que el centro conservador quiera dominar a la periferia dinámica y progresista para llegar a un acuerdo honorable, logrando un armisticio que pacifique las relaciones mutuas colocando a cada una de ambas nacionalidades en el espacio que les corresponde en función de parámetros objetivos y no con la pretensión de mantener los principios obsoletos que originan un tosco imperialismo invasivo y la tensión en las nacionalidades porque se les niega el espacio específico que les correspondería, según su actual relevancia. No es posible prejuzgar el objetivo al que se llegará, pues si imponen prejuicios y líneas rojas se generaría desconfianza que irremediablemente terminaría en la independencia costando muchos sacrificios porque España carece de políticos que piensen con altura de miras y les sobran los criterios obsoletos de las glorias del imperio que alardeaba de que en él no se ponía el sol, pues siempre se hallaba oscuro y en guerras interminables. Es lo que le han impedido ocupar el lugar que le hubiera correspondido en la historia del concierto de las naciones.
