La economía de Bizkaia resiste en el complicado contexto económico

BIZKAIA afronta tiempos de incertidumbre inéditos en nuestra historia reciente. En apenas tres años se han encadenado dos crisis consecutivas que han trastocado la economía mundial y europea. La pandemia y la guerra en Ucrania han alterado muchos de los estándares de nivel de vida, bienestar y previsiones macroeconómicas que creíamos estabilizados.

Los cierres empresariales, temporales y definitivos; el teletrabajo, el esfuerzo fiscal para afrontar la crisis del covid-19, el incremento exponencial de la deuda pública y los problemas en las cadenas de suministro internacional desbarataron la previsibilidad de los datos económicos. Y, cuando ya estábamos en vías de salida de las consecuencias de la pandemia, la invasión ilegítima de Ucrania nos volvió a golpear duramente con la crisis energética, la toma de conciencia de la excesiva dependencia energética de Rusia y los problemas en los suministros de materias primas alimentarias, a lo que hay que añadir la relevante depreciación del euro frente al dólar registrada en 2022.

El contexto económico no es fácil. La inflación ha alcanzado unos niveles que no veíamos en décadas, convirtiéndose en el principal problema de nuestra economía, empobreciendo a ciudadanía y empresas y restándonos competitividad en los mercados internacionales. A ello se han unido unos tipos de interés en crecimiento y una deuda pública demasiado elevada que, sin tardar, deberá volver a la senda del cumplimiento de las normas fiscales europeas, ya sean las normas en suspenso que previsiblemente volverán a aplicarse en 2024 o las nuevas normas que se están negociando en la UE.

En el lado positivo de la gestión de las crisis debemos destacar, sin duda, el gran esfuerzo llevado a cabo por las Administraciones Públicas, así como la puesta en marcha de los Fondos Europeos de Recuperación –cuya adjudicación parece que beneficia sobremanera a España–, que plantean un porcentaje muy relevante de transferencias a fondo perdido condicionada a la vigilancia del cumplimiento de importantes inversiones y reformas legislativas, y no tanto a un contrato de condicionalidad, como fue el caso del rescate en la crisis financiera de 2012. Es así como se entiende que los mercados financieros, en su veredicto sobre la solvencia del Estado, no hayan elevado la prima de riesgo, como hubiera cabido esperar en un contexto diferente.

Por todo ello, y a pesar de los nubarrones, no es previsible que la economía de Bizkaia entre en recesión. Los datos parecen indicar que ciudadanos y empresas seguiremos sufriendo, ya que la moderación de la inflación en el mes de marzo no indica que esté realmente controlada y, por tanto, son previsibles nuevos incrementos en los tipos.

Desde la Cámara de Bilbao consideramos que la política económica debería orientarse a intentar paliar este sufrimiento, atendiendo en particular la problemática de la población y de los sectores económicos más vulnerables y expuestos, aunque su gestión y el control sean más complejos. El deterioro en el estado de las cuentas públicas, y en particular, las cifras de deuda pública, nos deberían retraer de poner en marcha políticas universales como bajar los tipos de IVA o topar los precios de los alimentos básicos de forma general.

También sería particularmente interesante realizar una adecuada y exhaustiva vigilancia de los márgenes en el sector agroalimentario, ya que los productos de naturaleza básica en la cesta de la compra se han convertido en el componente con mayores incrementos de precios en el IPC. Es imperativo que los poderes públicos tomen iniciativas en este ámbito y que trasladen, con transparencia y rigor, los resultados de estos análisis, para evitar abusos especulativos.

Asimismo los decisores de política económica deberían tomar aún más conciencia de que la palabra resiliencia es clave, favoreciendo el crecimiento de nuestras empresas para facilitar las economías de escala y la competitividad en costes y, por tanto, su capacidad de competir en los mercados internacionales, todo ello sin descuidar la vigilancia de las normas de competencia en nuestro mercado interior europeo. El mismo análisis creemos que tiene que plantearse sobre el control de las ayudas públicas en la UE, ya que, como estamos viendo con las que Estados Unidos pretende conceder a su industria verde, el debate sobre flexibilizar esta política de la competencia está ya sobre la mesa.

Y aunque es cierto que se trata de medidas que dependen más de las instancias europeas, es importante ahondar en nuestra capacidad normativa en materia fiscal que nos otorga el concierto económico para ser más competitivos a nivel estatal y europeo.

En esta mayor resiliencia económica con la que afrontar futuros problemas, los poderes públicos, ayudados, entre otros, por las Cámaras de Comercio como expresión de la sociedad civil, también pueden favorecer el fortalecimiento del capital humano de nuestras organizaciones mediante la formación y la profesionalización de la gestión de las pymes; del capital físico de nuestra economía a través de las infraestructuras y la obra pública; y de la innovación como vía de especialización y valor añadido. Y ello sin olvidar la mejora continua del propio trabajo de los poderes públicos, con una administración más ágil, y seguramente con leyes de mayor calidad.

Secretario general de la Cámara de Comercio de Bilbao