LA política catalana, tanto la interna como las relaciones institucionales con el Estado, continúa estando sujeta a vaivenes fruto de la coyuntura. Los niveles de confianza existentes entre los socios del Govern, ERC y Junts, ambos independentistas; de Esquerra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que es aliado; y entre los gobiernos catalán y español sufren con excesiva frecuencia pronunciados altibajos y en estos momentos ninguno de esos ámbitos pasa por su mejor momento. A ello se añade la constante presión judicial sobre los líderes del procés, que vive ahora también un momento especialmente tenso ante una posible eventual entrega de Carles Puigdemont, huido en Bélgica, a España tras el último informe del abogado general de la UE, que da la razón a la justicia española abriendo el camino a la ejecución de la euroorden dictada en su día por el magistrado Pablo Llarena. En este enrarecido clima, la reunión que mantuvieron ayer en La Moncloa los presidentes español y catalán, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, diez meses después de la anterior cita, con el fin de limar asperezas y restablecer al menos un mínimo de confianza tras la grave crisis provocada por el escándalo del espionaje a los independentistas resultó moderadamente fructífera, dadas las circunstancias. La aún tímida distensión entre el Gobierno y ERC, quizá espoleada por el denominado “giro a la izquierda” de Sánchez en el reciente debate de política general, ha podido coadyuvar a que el deshielo escenificado ayer entre ambos mandatarios alumbrara la convocatoria para finales de este mes de julio de la mesa de diálogo sobre Catalunya. Será el tercer encuentro de este órgano bilateral en prácticamente dos años y medio, algo insólito si se tiene en cuenta la urgente necesidad de buscar una solución acordada, viable y democrática al conflicto catalán, objetivo real de esa mesa. Es de esperar que esta próxima reunión desatasque definitivamente el diálogo, para lo que ambas partes deben abordarlo con firmeza pero con serenidad, generosidad, lealtad y voluntad de acuerdo. Una de las claves será la ineludible desjudicialización del conflicto, situación agravada ahora con la posible extradición de Puigdemont. Ello obligaría a actuar con rapidez, en especial con la reforma legal del delito de sedición que desbloquearía un contencioso muy enquistado. l
