OS mitos políticos suelen ser expresión de algún tipo de voluntad, y así lo cantaba el bertsolari Txirrita: "Los fueros que duraron mil años, nos los han quitado". Era portavoz de la gran mayoría que vio la abolición foral como herida abierta y reivindicaba como necesaria la reintegración foral.

Cuando el lehendakari, desde la reintegración foral, plantea la reforma de nuestro autogobierno se remite a ese espíritu que recoge en parte el ordenamiento actual, haciendo mención a unos Derechos Históricos previos. Una idea de la libertad originaria de los territorios forales (incluyendo a Nafarroa) que era algo que unió la opinión política desde el PNV hasta Ignacio del Burgo.

Es evidente que estos territorios anteriores a la abolición eran diferentes de los actuales, del mismo modo que el Estado español era diferente. Pero además de la conciencia de la libertad originaria e identidad común, hay evidencias de acción unitaria e intentos de una articulación política. Así, en las Cartas marruecas se dice: "El señorío de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y el reino de Navarra tienen tal pacto entre sí que algunos llaman a estos países las provincias unidas de España". Y no en balde, en el siglo XVIII, serían los Ilustrados vascos los primeros que formularían el "Irurac Bat" y que tratarían de llevarla a cabo por medio de las llamadas Conferencias y la propuesta de la Junta General Bascongada.

El historiador Pedro José Chacón, en un artículo (DV, 17-9 ¿Era Euskadi soberana en 1839 como plantea Urkullu?), con apresuramiento y brocha gorda, pretende aclararnos que los fueros y las instituciones forales serían fruto de las reformas acometidas por los corregidores reales de Enrique IV El impotente, uno de los más ineptos monarcas de la historia de España. Un dictamen de las Juntas Generales de Gipuzkoa de 1807 pone en su sitio la función de esos cargos: "No puede el caballero corregidor pretender más representación que la de un testigo que concurre a escuchar cuanto se acuerde y resuelva la Junta". Difícilmente podía tan disminuido corregidor arrogarse tan altos poderes.

Intenta también Chacón justificar la "soberanía" del monarca (absolutista, que supuso continuos ataques al régimen foral), pero los datos históricos lo contradicen. Así, Espartero, al decretar la abolición del Pase Foral en 1841, afirmará que era: "depresivo de la potestad de las Cortes, de la autoridad del Gobierno Supremo, (...) Y SOBRE TODO QUE ES INCOMPATIBLE CON LA UNIDAD CONSTITUCIONAL". Sin representantes vascos en las Cortes que les eran ajenas, sin poder para aplicar leyes, es imposible, pues, que hubiera "soberanía" española. Y la no aplicación de dichas leyes no era algo retórico: en Bizkaia y Gipuzkoa se llegó a sancionar con multa primero y pena capital por último, los actos que en ejecución de leyes emanadas del "soberano", fueran contrarios a los acuerdos de sus Juntas Generales.

Ya que el Sr. Chacón nombra a las tropas francesas, es procedente también recordar el informe del 26 de octubre de 1810 de los Archivos Nacionales franceses que dicen: "Estos países (...) y quedaron como unas pequeñas repúblicas bajo la protección del Soberano. (...) Estas que mantenían constantemente en el pleno de su autoridad a sus representantes, tenían en ellos un antemural contra los despotismos del gobierno. (...) El desorden de estos de dos siglos (...), hacía que estas Provincias lo mirasen (al Soberano) siempre como un enemigo, contra el cual debían estar en guardia: su debilidad les permitía hablarle con entereza (...), y sus vicios les sugería medio de intrigas en otras; así siempre vencían (...). Este sistema seguido (...) por (...) patriotas (...), les ha servido para libertarse de muchas vejaciones (...)".

Y es que al rey se le imponían dos barreras: la del Pacto (juramento de cumplimiento de los Fueros) y la del Pase Foral. Cuando en 1839 se firmó el Pacto de Vergara, se confirmaron los fueros "sin perjuicio de la unidad constitucional", lo que significa que la idea de que anteriormente no estaban sujetos a esa prerrogativa ni a la soberanía regia, era evidente. La Guerra de la Convención (que Chacón plantea como probatoria de la "soberanía española") nos mostró una provincia de Gipuzkoa que se ofreció unirse voluntariamente a Francia si se respetaban sus fueros.

En definitiva, los territorios vascos antes de 1839, poseían, pues, facultades políticas extraordinarias a las que Urkullu apela con toda legitimidad. Esta apelación no es exclusiva de los vascos, pues las sucesivas ampliaciones de la autonomía de Escocia se legitiman como un acto de "devolución de Poderes originales" (Devolution Act) cuya fecha de referencia es 1707.

Fue la abolición foral la mayor causa de los problemas en el encaje de los vascos con la monarquía (y posterior Estado), pues fue impuesto a los vascos mediante la fuerza, como admitió Cánovas: "Cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el derecho". Pero si se abolieron las leyes y las instituciones no se logró abolir, en la mayoría de los vascos, la meta de la reintegración foral. "Navarra se unió a Castilla, sin abandonar sus fueros, así el pacto lo pedía", como dice el Paloteado de las Coplas de Monteagudo que surgió en la Gamazada.

Cien años más tarde, la Constitución española, por petición de los vascos, derogó las leyes de abolición con la intención de eliminar esa humillación de la memoria histórica. La disposición derogatoria deja un camino abierto que Iñigo Urkullu intenta transitar, en el proceso de materialización plena de los "derechos históricos", "a los que este país no renuncia", como dice la disposición adicional del Estatuto de Gernika.

Chacón, finalmente, hace una sugerencia a los gobernantes españoles: admitir el "concierto político" que propone Urkullu a cambio de que el PNV reconozca a España como "su" nación. En este punto muestra una psicología política que en España ha afectado tanto a la derecha como a la izquierda: la idea de la trágala: que cualquier concesión política es graciosamente otorgada por alguna autoridad superior, a cambio de que la otra parte trague con lo que le es indigerible.

La propuesta de Urkullu plantea superar esa tara de subordinación y avasallamiento. Propone dar un paso adelante en la convivencia entre una nación foral vasca y el Estado español, tratando de marchar por un camino ya conocido y cuyas raíces se hunden en una historia de voluntad de libertad constantemente refrendada por generaciones de vascos.