ONOCEMOS la incidencia de la pandemia en la salud de la ciudadanía y en el sistema sanitario. Conocemos las recomendaciones de conducta a la ciudadanía emanadas por las pertinentes autoridades: distancias a mantener, uso de mascarillas, vacunas, etc. También conocemos el desmadre por parte de algunos ciudadanos en el cumplimiento de las normas de conducta establecidas, reuniones multitudinarias, botellones, etc. También conocemos el buenismo en jugar y calificar esas conductas incívicas por parte de las autoridades y familias, aduciendo que están cansados por la duración de la pandemia y que también tienen derecho a divertirse y demás zarandajas.
Últimamente el tema de discordia se centra en el sector de la hostelería, horarios de cierre, limitación de aforos, etc. El público contempla la problemática desde el punto de vista exclusivamente hedonista; sin embargo, las autoridades, pienso y espero lo hagan desde un punto de vista economicista.
Ciertamente, la pandemia encierra un riesgo de desarrollar un proceso deflacionario. Este proceso no afecta solamente al sector de servicios sino también al industrial y a la economía en general.
Cuando la hostelería reduce su actividad por periodos dilatados de tiempo, reduce sus ingresos y puede verse obligada a cerrar sus negocios por no cubrir gastos, habida cuenta la dimensión de los mismos. Se crea desempleo y en zonas turísticas el PIB regional puede quedar afectado importantemente. Las alarmas se han encendido en Baleares, Canarias y el Levante español.
Además, importantes empresas españolas están desarrollando expedientes de Regulación de Empleo, consecuencia de la reducción de la demanda y otros problemas estructurales. La pandemia altera las costumbres y planes de producción.
Conceptualmente en la deflación, fenómeno contrario a la inflación, ocurre una caída generalizada del nivel de precios de los bienes y servicios que habitualmente adquieren los hogares y que representan un gasto importante en el consumo total.
La deflación causada por la disminución de la demanda representa un problema mucho más grave que la inflación dado que una caída de la demanda significa una caída general de la economía. En este sentido, la deflación puede desencadenar un círculo vicioso del cual es difícil de salir, puesto que las empresas tienen que vender sus productos para cubrir al menos sus costes de producción. En tales circunstancias, las empresas se ven obligadas a bajar los precios, lo que supone trabajar con un margen bajo, e incluso negativo y muchas empresas no se recuperan.
Desde el punto de vista del consumidor, con los precios bajando de forma generalizada, la demanda disminuye aún más, porque los consumidores entienden que no merece la pena comprar si mañana todo será más barato que hoy. Dado este círculo vicioso, la deflación se convierte en causa y efecto, a la vez de la falta de circulación monetaria en la sociedad, pues todos prefieren guardar el dinero.
Según la teoría económica, la solución a la deflación por parte del Estado se basa en medidas de política monetaria y fiscal.
Las medidas monetarias consisten en aumentar la masa monetaria en circulación y disminuir los tipos de interés, todo ello con el fin de estimular al consumidor a invertir o gastar sus ahorros, al hacerse menos atractivo mantenerlos en entidades financieras.
Las medidas fiscales consisten en aumento del gasto público, reducción de impuestos y aumento de las transferencias. Esto es, suplir la ausencia de la demanda del sector privado con la del sector público, incentivar el consumo poniendo en manos privadas más dinero para gastar y descentralizar el consumo público de la Administración central hacia comunidades autónomas, regiones y municipios.
Si bien esta es la teoría, la realidad es que las medidas económicas dependen de las autoridades europeas. Así, España está esperando como agua de mayo los 140.000 millones de euros de los cuales 72.700 millones son en ayudas directas, otorgados por el Fondo de Reconstrucción Europeo. El objetivo es paliar las consecuencias económicas del covid-19.
El problema surge en que estas ayudas van a ser controladas por las autoridades europeas y España no goza de buena reputación con el destino y uso que se hizo de ayudas económicas en el pasado.
* Doctor en Ciencias Económicas UPV/EHU
