LA pandemia vigente está afectando por igual a distintas edades o condiciones sociales pero sus consecuencias letales se han cebado especialmente en personas mayores, incidiendo con dureza en geriátricos y lugares de concentración. Sus efectos se pueden comparar a los de los movimientos sísmicos que derriban los edificios endebles. La pandemia actúa debilitando el organismo de las personas y acentuando sus patologías previas.
Tras un maremoto, y como consecuencia del mismo, aparece el fenómeno de la marejada gigante (tsunami) que arrasa lo que pilla al paso. De forma equivalente, tras el covid-19 se vislumbra una crisis económica de incalculables consecuencias. Esta amenaza puede tener especial incidencia en la jubilación y en el mantenimiento de prestaciones sociales dignas a personas dependientes y sin alternativas. La ancianidad se va a ver doblemente afectada: en la salud y en la economía.
El sistema actual de jubilaciones tiene una debilidad estructural que le hace vulnerable. Se basa en "prestaciones de reparto" en las que los ingresos anuales de la cotización vienen a cubrir los gastos que se producen en el año. (La cotización no tiene carácter de "prestación de capitalización" que acumule capital para cubrir necesidades futuras). El acelerado incremento de la población jubilada ejerce una enorme presión sobre las cotizaciones sociales, resuelta mediante recortes a las prestaciones y aportes adicionales de los Presupuestos Generales del Estado.
La crisis actual produce un aumento vertiginoso de necesidades en sanidad (más gastos) y una reducción de la actividad económica (menos ingresos), efectos letales para el mantenimiento de las prestaciones de jubilación. Se abre un periodo de incertidumbre y tensiones que requiere reflexión. A corto plazo se pueden parchear soluciones mediante la política de recortes y ajustes que amenaza con paralizar legítimas y justas reivindicaciones de pensiones dignas.
La crisis no provoca la debilidad estructural sino que la hace visible, como la bajada de la marea aflora las agudas y amenazantes crestas de las rocas del fondo. El problema está provocado por mantener inalterados conceptos acuñados en épocas pasadas, cuando la situación se ha modificado profundamente. Mientras la responsabilidad de generar recursos se limita a la etapa productiva, la prolongación de la etapa estudiantil y, especialmente, el aumento exponencial de la población jubilada ejercen una elevada presión sobre el sistema económico. Las conquistas sociales de la igualdad de oportunidades en educación y prestaciones de jubilación, siendo avanzadas y justas, empiezan a ser económicamente inasumibles. Se ha pasado, en pocas décadas, de una dedicación personal del 75% a la vida laboral a la actual situación que ronda el 50%.
El "recorte" a las conquistas sociales puede ofrecer una salida momentánea para ajustar el desequilibrio pero no es la solución. El tema es más profundo y requiere rediseñar el propio sistema para que las conquistas actuales sean económicamente viables. La creación de riqueza no puede recaer exclusivamente en la etapa productiva mientras la formativa y la jubilación se desentienden del tema. Hay un enorme potencial en estos dos ámbitos que, debidamente utilizado, puede contribuir al bienestar general. La solución estriba en que todos participen en el objetivo compartido de crear riqueza.
Así como con la "cogeneración" (calor y electricidad) se incrementa sustancialmente el rendimiento energético del combustible, la posibilidad de combinar la función propia de cada etapa vital con la generación de riqueza multiplica el rendimiento social de los potenciales existentes. La educación se enriquece con su implicación social y la jubilación adquiere motivación y riqueza en su compromiso social participando en proyectos de interés.
Hay múltiples actividades que, sin interferir en la actividad productiva, son vitales para la sociedad y donde los colectivos citados tienen mucho que ofrecer. Son proyectos estratégicos que van a aflorar tras la actual crisis. La autosuficiencia energética y alimentaria, el aprovechamiento de recursos naturales, el reequilibrio ambiental, la reutilización de bienes en desuso, la acogida, formación e integración social de la inmigración... son áreas de actividad vitales para el equilibrio del País y que pueden ofrecer proyectos en los que participar.
Se precisa una proyección estratégica de País y la implicación público-privada capaz de motivar e incentivar la participación de los colectivos citados en un proyecto de reconstrucción tras el tsunami de la epidemia. El mantenimiento y profundización del "estado de bienestar" está condicionado por un proceso de "reingeniería social".
* Miembro de la Fundación Arizmendiarreta
