EFERENCIAS a la laicidad y el laicismo están cada vez más presentes en nuestra sociedad. En ocasiones, para reivindicar un mayor grado de laicidad en las instituciones, y otras veces como justificación de actuaciones. La pasada semana fue noticia la posición mayoritaria del Parlamento Vasco en contra de una propuesta de veto a símbolos y referencias religiosas en actos como la jura del lehendakari. En el turno de intervenciones se ha destacado que el modo de jurar su cargo no afecta a su capacidad como gobernante. Para otros, lo importante es cómo desempeña el trabajo, y no sus creencias. También se ha puesto en valor su compromiso con la pluralidad religiosa y la libertad de conciencia y la autonomía de cada lehendakari de decidir su propia fórmula para jurar el cargo. Algunas ideas sobre países de nuestro entorno pueden contribuir a la reflexión.

Desde el ámbito del derecho y la política, en el contexto europeo, Francia y Bélgica llevan la delantera en cuestiones de laicidad. El análisis de un caso planteado en ambos países, con resultados diferentes, puede dar luz al debate. Cuando a finales de 1989 se planteó la prohibición de signos religiosos en la escuela pública, los Consejos de Estado de ambos emitieron el preceptivo dictamen. Coincidieron en el rechazo de una prohibición general, aunque por razones diferentes. En Bélgica, el Consejo de Estado justificó su postura argumentando que "la escuela neutra no es laica", mientras que el Consejo de Estado francés dictaminó que "la escuela laica debe ser neutra". Afirmaciones aparentemente contrarias devienen coherentes al distinguir entre "laicidad política" y "laicidad filosófica".

El concepto de "laicidad política" significa que el Estado -en nuestro caso, la Comunidad Autónoma Vasca- no profesa ninguna verdad en materia religiosa. Se impone una obligación de neutralidad e imparcialidad respecto de todas las convicciones. Asume el compromiso de respetar la libertad de pensamiento, conciencia y religión (también la de los ateos), y tratar a todos los ciudadanos por igual. Planteada de este modo, "laicidad política" implica la no intervención recíproca y respeto mutuo entre la Iglesia y el Estado, pero no significa que la religión deba quedar relegada a la esfera privada: de las conciencias, el círculo familiar, etc.

Entre la esfera del Estado y la estrictamente privada se manifiesta la vida en sociedad: cuanto se refiere a la calle, la cultura y tradiciones, la prensa, las manifestaciones populares, ceremonias y usos protocolarios, actos festivos, etc. Precisamente, la neutralidad tiene como fin garantizar en este espacio la libertad de expresión, conciencia y religión de todos, incluidos quienes se dedican a servir a sus conciudadanos desde la representación política.

El concepto de la "laicidad filosófica" es diferente. Es el ideario de una corriente que persigue implantar una sociedad regida por la emancipación individual, rechazando toda autoridad moral o religiosa. Siendo de todo legítima, no es una opción neutra, ni pretende serlo: tiende a la transformación de la sociedad. En el espacio público es distinto mantener una actitud neutral (laicidad) que optar por la acción neutralizadora del mismo (laicismo), cuando hay razones de cultura, tradición o costumbre social que justifican un modo de hacer diferente. Lejos de impedirlo, el Estado políticamente laico fomenta la libre expresión de todas las convicciones en el amplio espacio social. También las del lehendakari.

A la luz de la distinción explicada, se entiende el posicionamiento de los Consejos de Estado de Francia y Bélgica. Al establecer que "la escuela neutra no es laica" el dictamen belga se refirió al concepto de laicidad filosófica, asumiendo que la escuela pública no podía ser un lugar de militancia anticlerical, en el que se pudiera prohibir todo signo religioso. Mientras que el dictamen francés -"la escuela laica debe ser neutra"- hizo suyo el concepto de laicidad política: afirmar en Francia que la escuela laica es neutra viene a significar lo mismo: la escuela pública es políticamente laica, por lo tanto neutra en materia religiosa, y respetuosa de todas las creencias.

Como es sabido, la Ley de 1905 estableció el principio de laicidad como una de las señas de identidad de Francia. Al comienzo de su mandato, el presidente Emmanuel Macron reconoció que "la laicidad no tiene como función negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni desenraizar de nuestras sociedades la parte sagrada que nutre tanto a nuestros conciudadanos". En una sociedad pluralista, el principio de laicidad es una buena vía para avanzar, si se entiende como distinción entre los planos político y religioso, y no como ignorancia ni como exclusión. El resultado de la votación en la Cámara vasca respalda un modo de entender este principio, menos de corte filosófico neutralizador, y más de acuerdo con una concepción política y neutral de respeto a la pluralidad filosófica, religiosa y política de Euskadi.* Doctor en Ciencias Políticas y en Derecho Internacional Público