OS presupuestos sirven para financiar la actividad de las administraciones, entre la que no es menor el servicio público que hemos dado en llamar estado del bienestar y que responde, con mayor o menor acierto, a la satisfacción de derechos fundamentales -vida, salud, vivienda, educación, etc.-. Ocurre que el Estado no es el proveedor único de esos servicios y, en el caso de Euskadi, no lo es de la práctica totalidad de ellos. De modo que tan importante como asegurarse su capacidad de gestión es no impedir la de otras instituciones. Ahí ha patinado Sánchez; pero tiene tiempo de enmendarse.