Política y coronavirus: la labor titánica de aplanar la epidemia y la recesión

L pasado 19 de marzo The Wall Street Journal publicaba un editorial en el que sugería que un prolongado cierre (shutdown) general como el que estaba provocando la respuesta al coronavirus produciría efectos contraproducentes, toda vez que generaría unos costes de destrucción económica que, paradójicamente, debilitarían tanto a los países que estos generarían más daño que las propias consecuencias del covid-19. Esta polémica reflexión, por muy cruda que pueda parecer, no puede ser desdeñada y, de hecho, está encontrando un cierto eco en otros rotativos y publicaciones internacionales que, como el último número de The Economist (Pandemic trade-offs. A grim calculus), exponen la posibilidad de tener que afrontar una disyuntiva de esas características.

Ciertamente, la gran mayoría de los numerosos análisis estudiados de cara a realizar esta reflexión dibujan un escenario de recuperación económica tras la superación de un periodo -en el que parece que hemos entrado- con el número de contagios y de fallecidos remitiendo progresivamente, lo que permite volver a una cierta normalidad de forma paulatina. Así, la recesión económica provocada por estos meses de parón supondría, según los analistas, una contracción de entre el 5% y el 15% del PIB, teniendo una afección global, pero muy especial en determinados sectores, como el aéreo, el turístico, el de hostelería y aquellos más relacionados con los gastos que pueden ser aplazados por los consumidores en un momento de incertidumbre, véase el sector del automóvil.

Sin duda, es difícil, si no imposible, encontrar un parangón a un apagón de la economía como el que estamos viviendo: una gran parte del PIB mundial está ahora mismo encerrado, con sus fronteras bloqueadas o con ingentes limitaciones de circulación. En este sentido, no es difícil entender cómo en un mundo interconectado y globalizado como el actual, nuestras empresas comenzarán a notar problemas de suministro y habrán visto ya cómo los pedidos y negocios que deberían haberse cerrado en las últimas fechas se han pospuesto . En este escenario no es de extrañar el abultado número de despidos y de ERTE que se han acumulado en marzo y que, a buen seguro, seguirán en abril. Los datos anteriores nos infieren una proyección de recaudación impositiva con descensos interanuales nunca vistos que, como suele ser habitual en escenarios de crisis, se producen precisamente cuando más necesarios son esos fondos para que las administraciones puedan implementar políticas públicas de reactivación de la economía y protección de los más desfavorecidos. El whatever it takes (todo lo que sea necesario) que pronunció Mario Draghi en 2012 en defensa del euro se alza ahora como una necesidad global en materia de política fiscal y financiera, tanto por parte de las autoridades monetarias como de todas las administraciones implicadas. El propio expresidente del Banco Central Europeo ya mostró su opinión en este sentido el pasado 25 de marzo en Financial Times: "We face a war against coronavirus and we must mobilise accordingly". El reto es mundial y sin precedentes, las economías interconectadas de todos los países dependen de que el mundo salga de este estado de hibernación colectiva de la mejor forma posible.

Pero, ¿podemos estar tan seguros de que, pasado este periodo de encierro, todo volverá a la normalidad? Lamentablemente, la respuesta debe ser negativa: no existe evidencia científica ni médica que avale que ello vaya a ser así, más bien al contrario. Estamos ante un virus muy reciente, por lo que los datos son aquellos que vamos recogiendo sobre la marcha y, sobre todo, los que países que sufrieron la pandemia con un cierto adelanto con respecto a nosotros han ido recopilando. De esta forma, sabemos que el virus afecta de forma más virulenta a los mayores, en los que se concentra con gran diferencia el número de fallecidos; pero que, paradójicamente, el mayor número de infectados -al menos en el caso de Corea, que cuenta con datos fiables- se concentra en la población joven (entre 20 y 29 años), que en muchos casos superan el proceso viral sin síntomas o con una sintomatología muy leve. También sabemos que es altamente contagioso, por lo que las medidas de distanciamiento social son las más efectivas contra su propagación.

Por el contrario, carecemos de datos básicos para poder implementar políticas públicas definitivas en el medio plazo, tales como su posible estacionalidad (hecho que haría que remitiese en la época estival, pero que se reprodujese en otoño) o el grado de inmunización de las personas que ya lo han superado, lo que las haría estar protegidas ante una segunda oleada del virus. Con todo, sin perder de vista un worst case scenario -que se trate de un virus que soporta las altas temperaturas del verano y hacía el cual las personas que lo hayan superado no generen ninguna inmunidad- y prever un plan de contingencia para esa posibilidad -que nos abocaría a políticas parabélicas-, la labor central de este tiempo debe consistir en prepararnos para el escenario que los expertos dibujan como más probable: la existencia de una cierta inmunidad hacia el virus de los que lo hayan superado y tal vez -solo tal vez- una atenuación de sus efectos en verano, que dejaría paso a un rebrote en otoño.

Este periodo de encierro debe de ser considerado, desde esa perspectiva, como un tiempo "comprado" o "invertido" de cara a dotar a la sociedad y a las organizaciones no solo de medios materiales para protegerse y combatir el virus, sino de información sobre la gravedad de la situación y de directrices de comportamiento claras y de obligado cumplimiento, sancionables con dureza si fuera preciso. Debemos dejar atrás posibles actitudes de infantilización de la ciudadanía para exponer, con total crudeza, que otro parón como el actual derivado de un rebrote tendría un impacto en nuestro sistema del que probablemente tardaríamos muchos años en recuperarnos: la inmensa mayoría vería retroceder su nivel de vida de una forma dramática y el margen de actuación de las administraciones en apoyo de ciudadanos y empresas quedaría todavía más mermado de lo que ya se encontrará tras el actual periodo de lockdown. Las contracciones encadenadas de oferta y demanda derivadas de las sucesivas consecuencias del parón económico -problemas de suministro, cierres de fronteras, despidos, bancarrotas empresariales, desplome de la confianza empresarial y del consumidor- nos situarían en una situación sin precedentes. De hecho, el propio Estado del Bienestar, tal y como hoy lo concebimos, está en riesgo si no somos capaces de persuadir a los ciudadanos de la necesidad de seguir disciplinadamente las directrices y códigos de comportamiento necesarios para poder continuar funcionando a pesar de la persistencia del virus.

En la fijación de esas directrices deberán ser analizadas, sin duda, las actuaciones llevadas a cabo por aquellos países que, como Corea del Sur, están sabiendo superar con éxito el brote de coronavirus. Asimismo, deberíamos observar lo que está sucediendo en países especialmente longevos, los más expuestos al ataque crítico del virus, y aprender de sus experiencias, ya sean negativas o positivas (así, por este orden, Japón, con un 21% de población mayor de 70 años; Italia, 17%; Alemania, 16%; Suecia y España 15%). Considerando que el colectivo más afectados por el virus lo encontramos en la población de mayor edad, es probable que la medida más efectiva sea la recomendación de alejamiento y/o confinamiento desde que se cuente con las primeras señales de rebrote del virus o, si este no remite, de confinamiento permanente en tanto no se encuentre vacuna efectiva contra el mismo. Estudios de la experiencia en Italia han vinculado determinados hábitos de contacto familiares de los más jóvenes hacia sus mayores con la propagación del virus entre este colectivo y el gran número de muertes en ese país. Es probable que debamos renunciar, por un periodo mayor del esperado, a estar cerca de nuestros mayores, si con ello podemos preservar su salud y el funcionamiento efectivo del sistema sanitario.

Es necesario además identificar fehacientemente los grupos de riesgo, cuyos miembros deberían correr una suerte similar a la de los mayores. Los colectivos aislados, significativamente los mayores, deberán ser foco de especial atención por parte de las instituciones públicas, pues determinados estudios concluyen que esta situación influye negativamente en su salud general y, particularmente, en los cuidados que ellos mismos se procuran. Mientras, el resto de la ciudadanía debería seguir activa, cumpliendo los mencionados códigos de comportamiento que permitan reducir la propagación de la enfermedad. Una de las medidas más necesarias en este sentido es la realización de test de forma masiva que permita conocer la condición de contagiado también en las personas asintomáticas y aislarse en consecuencia, por lo que debemos tratar de salvar las dificultades de aprovisionamiento existentes y proveernos de los mismos.

En este escenario es vital actuar con flexibilidad de cara a adaptarse a las circunstancias y colaborar en tareas que, si bien originalmente no previstas, pueden ayudar a mantener el pulso y el necesario ritmo de las organizaciones. El auzolana se muestra aquí en su total vigencia, sin egoísmos que nos impidan asumir actitudes de enriquecimiento global y trabajo transversal que pueda ayudar en el objetivo superior de salir de la crisis de la mejor forma posible. Empresas u otras organizaciones que adaptan sus capacidades para generar productos o servicios esenciales en este momento deberían tener algún tipo de incentivo, sea fiscal o líquido. Asimismo, también las administraciones deberían canalizar sus capacidades, a nivel de fuerza laboral y de colaboración interdepartamental e interinstitucional, en el objetivo común de superar la crisis, rebasando la concepción de áreas como compartimentos estanco que no pueden realizar funciones fuera de las normalmente asumidas.

Como el físico y Premio Nobel danés Niels Bohr dijo, "es muy difícil realizar predicciones, sobre todo si estas son sobre el futuro". A la espera de una vacuna contra el virus o de un tratamiento farmacológico que lo combata de forma efectiva, nos encontramos ante un momento verdaderamente histórico, en el que se debe transmitir liderazgo a la sociedad y asumir la responsabilidad de tomar decisiones difíciles que, muy probablemente, condicionen el devenir social y económico de los próximos años. Como expone The Economist, es probable que todavía nadie quiera admitirlo, pero los costes del distanciamiento, tanto por sus efectos económicos directos como por los efectos sociales y de debilitamiento del Estado del Bienestar que acarrearía, pueden llegar a ser superiores incluso a las muertes que el virus provocaría. La disyuntiva entre economía y salud no existe como tal: la destrucción de la primera generaría, a su vez, un deterioro sistémico que en el medio y largo plazo impactaría de forma extraordinariamente grave en la segunda. Ambas curvas deben de ser aplanadas", la de la pandemia y la de la recesión. En este contexto, la responsabilidad del líder público a la hora de transmitir la información, de implementar medidas y códigos de comportamiento ante la pandemia y de conseguir que su sociedad los secunde es titánica, pero no puede eludirse: de su acierto o error dependerá nuestro bienestar, gran parte de nuestra vida, en los próximos años.

* Director de lo Contencioso del Gobierno vasco