CON independencia de que una pelea o disturbio con las fuerzas policiales es un delito y ninguna paliza merece impunidad, lo del Supremo con Altsasua da qué pensar. Si nunca hubo prueba que acreditara delito de terrorismo en la agresión a los guardias civiles y tampoco agravante de discriminación, la praxis jurídica practicada en el caso es cuestionable. El fondo de la misma, que según el Tribunal Supremo duplicaba agravantes para incrementar la pena, es ideológico y no universal ya que no protege, por ejemplo, a los agentes víctimas de agresión en el reino del narco allá en el Campo de Gibraltar.
