nOS enfrentamos a una nueva era de emergencia climática. El calentamiento global del planeta, derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca la actividad humana, ha pasado de ser una creciente preocupación social a convertirse en una indiscutible evidencia científica. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21) de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima para establecer un plan de acción mundial que límite el calentamiento global muy por debajo de 2 oC. ¡Mientras tanto, el proceso de calentamiento global sigue su curso! En ese contexto internacional una amplia mayoría de los gobiernos de las naciones y regiones del planeta acuerdan, diseñan y van poniendo en marcha, con mayor o menor entusiasmo, medidas concretas que contribuyan a la descarbonización de la sociedad.
La urgencia del efectivo cumplimiento de esos compromisos internacionales está generando una incipiente demanda social a la acción climática dirigida a los responsables gubernamentales para que garanticen los derechos humanos de nuestra generación y no comprometan los de generaciones venideras. Esa obligación de los gobiernos a la acción climática está calando hondo entre colectivos ciudadanos que exigen semanalmente a las instituciones y gobiernos de todo el planeta una contribución más decidida y eficaz para resolver el reto más importante del milenio. Siguiendo la estela de la activista sueca Greta Thunberg, que durante agosto 2018 empezó a manifestarse frente al Parlamento Sueco, las personas jóvenes han sido principalmente las primeras que se han movilizado de forma masiva por el clima. Es el caso de movimientos internacionales como Fridays For Future en los que la ciudadanía más joven reclama de forma pacífica una acción urgente contra el calentamiento global y el cambio climático. Un paradigma de esas acciones es la Huelga Mundial por el Clima prevista para este 27 de septiembre a la que ya se han adherido en España más de 300 organizaciones.
El pasado 30 de julio de 2019 Gobierno vasco ha suscrito una Declaración Institucional de Emergencia Climática reafirmando el compromiso de Euskadi con la Estrategia de cambio climático Klima 2050 y la Estrategia Energética 2030. Con esa declaración formal de emergencia climática y ambiental el Gobierno Vasco plantea el objetivo de lograr que Euskadi sea un territorio neutro en carbono no más tarde del año 2050 o tan pronto como una transición justa lo permita. De este modo el Gobierno Vasco muestra claramente el camino a seguir, adelantándose a otros territorios y dando una respuesta firme a las crecientes demandas sociales contra el calentamiento global que exigen acompasar las políticas públicas con los compromisos planetarios para ralentizar y, en la medida de lo posible, detener el cambio climático.
Conviene reflexionar sobre la importancia de que estas importantes declaraciones y compromisos se plasmen en acciones locales urgentes e inmediatas. Acciones que conciernen no sólo a las instituciones sino también a la propia ciudadanía. Es el caso de las medidas de acción que requiere una movilidad sostenible que renuncie al consumo de energías fósiles y que inexorablemente va a cambiar nuestras formas de vida, especialmente nuestra forma de viajar y trasladarnos en nuestra vida cotidiana.
Parafraseando al ilustre jurista norteamericano Dworkin, debemos tomarnos los derechos climáticos en serio. Para ello es urgente establecer medidas y remedios adecuados que garanticen no sólo su reconocimiento formal sino también mecanismos jurídicos suficientes para su protección. En ese contexto la acción pública para el ejercicio de esos derechos climáticos, entendida como el derecho de la ciudadanía a reclamar ante las instituciones medidas de acción concretas que garanticen de forma efectiva una sociedad neutra en emisiones de gases de efecto invernadero, debería ser la clave para ir más allá del mero reconocimiento programático o declarativo.
Al mismo tiempo, una transición justa hacía un modelo energético descarbonizado dentro de las próximas dos décadas, sin dejar de lado a los colectivos más vulnerables, requiere un urgente Pacto social. El Ararteko, como Defensor del Pueblo Vasco y como defensor de sus futuras generaciones, ha señalado en su informe extraordinario sobre transición energética, presentado al Parlamento Vasco en octubre de 2018, que resulta imprescindible articular un amplio debate social para que el proceso de transición energética llegue a buen puerto. Es preciso poner medios y mecanismos suficientes para buscar consensos que garanticen el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales energéticos y climáticos ya existentes.
Ese pacto social exigiría pasar de la declaración de la emergencia climática al reconocimiento de un catálogo de derechos a la acción climática y, tomándonos en serio esos derechos, establecer suficientes mecanismos y garantías para su eficaz control. Únicamente con el compromiso del conjunto de la ciudadanía vasca de esta generación lograremos que Euskadi esté a la altura de este reto planetario. La próxima generación nos lo agradecerá.* Ararteko
