EN la conferencia de Berlín, año 1885, se dibujaron unos trazos en línea recta en el mapa de África para repartir parte del continente entre potencias europeas. Uno de esos territorios, distribuidos entre franceses y españoles en África del Oeste, era denominado Sahara Occidental, situado entre Marruecos y Mauritania, la costa atlántica y una pequeña franja con Argelia. Trazar líneas rectas en una zona desértica, con poblaciones nómadas, ya es una forma de desposeer de su tierra a sus habitantes, sabiendo que colocar rayas en el desierto entre ese tipo de población es como poner puertas al mar. Al parecer, aquella conferencia imprimía “legalidad” a una injusticia.

Hay quien dice que el momento del nacimiento del pueblo saharaui se produce el 12 de octubre de 1975, cuando todos los grupos que se consideraban saharauis sellaron una alianza más allá de las tribus y proclamaron una unidad nacional saharaui como respuesta a los preparativos de la Marcha verde organizada por Hasan II. La segunda desposesión de su tierra, cuando todavía tenía vigencia el dominio español, se da, por tanto, en 1975 con la ocupación del territorio por parte de los ejércitos de Marruecos y Mauritania. En el momento de la retirada de España de la zona, tras la invasión citada, se crea en el exilio la RASD, República Árabe Saharaui Democrática, en 1976. Desde ese momento, y a pesar de la retirada de Mauritania del conflicto en 1979, el territorio estuvo en una guerra que desgastó a las dos partes. En 1988, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 2440, pide un alto el fuego, que no se produce hasta 1991, y la celebración de un referéndum para poner fin al proceso de descolonización con dos propuestas, o independencia del pueblo saharaui o integración en Marruecos. Puede decirse que la etapa actual es de continuación de la negociación entre Marruecos y el Frente Polisario, después de varios años de paralización.

Una visita y un premio Con esos antecedentes y en este contexto, no se puede obviar que a mediados de febrero Felipe VI visitó Marruecos. Al cabo de menos de una semana, la Asociación Mundial de Juristas le otorgó el Premio Mundial de la Paz y la Libertad por “su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho”. Puede que, inocentemente, podamos suponer que tal distinción internacional tenga algo que ver con el contencioso catalán y el juicio al procés, pero ha pasado más desapercibido el hecho de que tal Asociación Mundial otorgue el premio de la Paz y la Libertad, con la presencia de los principales representantes de la justicia nacional e internacional, a quien acababa de realizar acuerdos con Marruecos, muy saludables probablemente para la economía, pues España es la receptora del 23,7% de las exportaciones de Marruecos y en 2018 las relaciones comerciales superaron los 12 billones de euros. Además, se dice que Marruecos tiene una situación estratégica como plataforma de la Unión Europea y también se habló de lucha contra el terrorismo, que no se puede obviar, y de inmigración “cuyos flujos han crecido mucho, generando, por desgracia, tanto sufrimiento y pérdidas de vidas humanas”, vinculado a un apoyo de la UE para “cumplir la responsabilidad compartida con la vida y los derechos de tantas personas”. ¿Detrás de todas estas palabras estaba solamente la idea de combatir a las mafias o la de retener y disuadir a quienes huyen del hambre y de la guerra antes de que lleguen al mar, y además poner dificultades a las ONG que trabajan en favor de las personas migrantes para que no desaparezcan en el cementerio marino del Mediterráneo incluso con condenas judiciales?

El caso es que el jefe del Estado también se refirió a un pasado histórico común con Marruecos. Entre otros lazos históricos, podemos remontarnos al mes de abril de 1975. Según dice Ramón Diego Aguirre, uno de los principales analistas del conflicto del Sahara, sobre esta cuestión, “los primeros voluntarios de la Marcha Verde cortaron las alambradas fronterizas y penetraron hacia el puesto abandonado de Tah. Hacia la tarde, unos 50.000 civiles establecieron un campamento dentro del territorio español. Al día siguiente, más voluntarios rebasaron la línea de demarcación y permanecieron allí hasta noviembre, cuando Hasán II contaba ya con garantías de que se le entregaría el Sahara, lo cual le vino muy bien al régimen para desentenderse del Sahara y de los saharauis”. El 14 de noviembre se firmaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España cedió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania.

¿Era entonces ahora, casi 44 años después, el encuentro con Mohamed VI un buen momento para que el Jefe del Estado ejerciera como Premio Mundial de la Paz y la Libertad? El 29 de abril de 1991, El Consejo de Seguridad de la ONU establecía por la Resolución 690 la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso). Y el 29 de abril de 2016, el Consejo de Seguridad aprobaba la resolución 2285 en la que daba un tirón de orejas a las partes para que comenzasen una fase de negociaciones más intensa. El pasado diciembre, el señor Horst Köler, emisario de la ONU para el Sahara, expresidente de Alemania (2004-2010) y del FMI, propició un encuentro entre Marruecos y el Frente Polisario. Tengamos en cuenta también que, unos cuantos meses antes, el Tribunal de Justicia de la UE, cuando se debatían los acuerdos pesqueros de Marruecos, había confirmado la adhesión de la Unión al principio de descolonización y reconocía al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. También desde la UE se enseñaba tarjeta roja a la política de explotación de recursos llevada durante los últimos cuarenta años por consorcios y emprendimientos europeo-marroquíes, como una llamada de atención sobre los bloqueos al proceso de descolonización.

Dos realidades Uno de los interlocutores, el Frente Polisario, está al frente del gobierno de la RASD, y se hace cargo de la organización de los campos de refugiados diseminados al sur del oasis argelino de Tindouf, sobre un territorio estéril de algunos cientos de kilómetros cuadrados, donde viven en torno a 170.000 personas, la mayor parte mujeres, infantes y personas ancianas. Se reparten en cuatro centros de sedentarización distantes entre ellos entre veinte y ciento cuarenta kilómetros, mientras que los hombres, una mayoría significativa enrolada en el ejército de liberación, a excepción de los miembros del gobierno y algunos funcionarios, viven habitualmente en los acantonamientos militares de las denominadas “zonas liberadas”, entre la línea de defensa marroquí y la frontera. Esa línea marroquí está protegida por cien mil soldados marroquíes, ocho muros de más de 2.720 km, con vallas, búnkeres y campos de minas. ¿Cuánto tiempo ha de mantenerse esta situación? Los campos de refugiados utilizan tiendas de campaña durante tantos años como manifestación de que, en realidad, quieren volver a su territorio, pero también como fruto de su ser nómada, aunque sin poder moverse de ese territorio, con las familias en situación de provisionalidad durante años, con dificultades para acceder al agua y mantener un nivel sanitario y educativo aceptable? De hecho, en los campos de refugiados solo se puede recibir la educación primaria, por lo que se envía al resto de estudiantes a otros países amigos. Por cierto, que el sistema de autoorganización de los campos, los servicios a cambio de ayudas, y los procesos de conciencia de un solo pueblo propiciados por el Frente Polisario, que se inspiró en la revolución argelina y en la libia, intentando conciliar las ideas democráticas de occidente con los valores de la antigua sociedad beduina, son considerados un ejemplo en algunos lugares, aunque se pone en cuestión el quizá excesivo empeño en primar el sentido colectivo de pueblo en personas y familias cuyo origen es tribal y pastoril.

Quizás, actualmente, los esquemas e ilusiones revolucionarias de los años 80 necesitan adaptarse a una situación y a una parte de su juventud que ha estudiado en otros lugares y que también busca su futuro individual. Según Amnistía Internacional, al Frente Polisario le queda pendiente la asignatura de pedir responsabilidades en casos de abusos contra los derechos humanos cometidos en campos bajo su control durante las décadas de los 70 y 80. El precario gobierno de la RASD, que se coordina con Argelia, aunque debido a su aislamiento tiene una gran independencia, con presidencia, ministerios y servicios administrativos diversos, está instalado en Ragouni, en edificios diseminados por razones de seguridad, y coordina los campos de refugiados, las ayudas, el material civil y militar, las ONG, además de pilotar las directrices políticas.

En la zona controlada por Marruecos, el 80% del Sahara, con 266,000 km cuadrados en la zona de la costa, existe una política de colonización al estilo de Israel, con civiles marroquíes invitados a residir allí, un presupuesto importante para construir, especialmente en El Aiun, edificios residenciales, estadio, hospital, carreteras, escuelas... y con presos políticos. Sin olvidar las preguntas sobre garantías de respeto a los derechos humanos pues si, según Amnistía Internacional, la valoración no es muy favorable para Marruecos en el territorio propio, las garantías en el Sahara se complican. ¿Es fácil un proceso de descolonización en este contexto? ¿A quién favorece y a quién daña el paso del tiempo? Con estas maniobras de mezcla de población y división geográfica es complejo marcar cuál es el pueblo saharaui y cómo se delimita el cuerpo electoral para pronunciarse en un referéndum.

El caso es que se retomaron los encuentros en diciembre de 2018, con la presencia de Argelia y Mauritania, y a finales de marzo (días 21 y 22) se han reanudado las conversaciones en Suiza. Ambas partes consideran al señor Horst Köhler como un interlocutor positivo, a pesar de que las negociaciones han partido de posiciones muy distantes porque el jefe de la delegación marroquí, Nasser Burita, no quiere hablar de referéndum y el jefe de la delegación del Frente Polisario, Jatri Aduh, indica que la pregunta ha de ser si desean formar parte de Marruecos o constituirse en una república independiente, según el mandato de la ONU para la celebración de un referéndum de autodeterminación. ¿Es por tanto un buen momento para que quien ha recibido el Premio Mundial de la Paz y la Libertad rectifique alguna omisión, no acepte el título o ejerza como tal?