EL juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes por los hechos que tuvieron lugar en septiembre y octubre del año pasado en torno al 1-O encara su tercera semana bajo la convicción generalizada de que ni la Fiscalía ni la acusación ejercida por el partido ultraderechista Vox están consiguiendo su objetivo de demostrar los presuntos y graves delitos que imputan a los acusados. Precisamente, esta próxima semana comenzarán las declaraciones de los testigos, arrancando por las de los políticos con el objetivo indisimulado de que interfieran lo mínimo posible en la ya lanzada campaña electoral. Desde Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, que declararán el miércoles, hasta el lehendakari, Iñigo Urkullu, que lo hará el jueves, pasando por Artur Mas, por el tribunal desfilarán una veintena de testigos cuyas posiciones y opiniones son bien conocidas y que difícilmente aportarán novedades -y mucho menos, pruebas- sobre los hechos objetivos que tuvieron lugar en Catalunya. En las primeras jornadas de la vista ha quedado claro por las declaraciones de los acusados que los delitos de rebelión, sedición y malversación no se corresponden con los actos que realizaron. Y más en concreto, que el requisito necesario para la acusación más grave -de rebelión-, es decir, el uso de la violencia, no existió. La propia Fiscalía y la acusación popular se han visto incapaces de concretar estos delitos e incluso se han enredado en cuestiones totalmente secundarias o ajenas a las actividades y conductas individualizadas de los imputados. Por otra parte, y en el aspecto formal, el tribunal está actuando bajo el síndrome de estar sometido a una vigilancia especial desde todos los ámbitos, incluido el internacional, sabedor de que en cualquier caso el caso terminará muy probablemente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. De ahí la aparente mano de seda con la que el presidente, Manuel Marchena, está actuando hacia los acusados y poniendo coto al abogado de Vox. El juicio, sin embargo, sigue abierto a la incertidumbre. Tal y como afirma en una entrevista que publicamos hoy el expresident Artur Mas -que declarará el miércoles-, este juicio nunca se tenía que haber celebrado, porque no es el ámbito donde debe resolverse un conflicto político. Catalunya, en efecto, necesita una solución política democrática fruto del diálogo y del acuerdo.