UN mes exacto después de que Juan Guaidó se juramentara públicamente como “presidente encargado” de Venezuela y tras recibir en este tiempo el reconocimiento de medio centenar de países -Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña... entre ellos- la situación en el país caribeño parece llegar hoy a su momento crítico con la previsión de entrada por la frontera de Colombia de la ayuda humanitaria anunciada por EE.UU. y Guaidó. Seiscientas toneladas de material (a las que hay que añadir las almacenadas en la isla de Curazao y el estado brasileño de Roraima) que precisa la sociedad venezolana esperan en Cúcuta para ser trasladadas al otro lado de la frontera pese a la insensata prohibición emitida por Nicolás Maduro y su gobierno, llegados al absurdo de contraprogramar un concierto en el lado venezolano frente al Venezuela Aid Live que reúne en Cúcuta a artistas de todo el mundo con la pretensión de recaudar fondos. Las advertencias de China y las acusaciones de Rusia, principales apoyos entre los cincuenta países que tambien siguen reconociendo la presidencia de Maduro, y la actitud hostil del régimen, que ha llegado a apelar al ejército para cerrar fronteras y evitar la entrada de la ayuda en el país, pero también la presión de EE.UU. y el ultimatum lanzado por Guaidó con fecha de hoy parecen piedras de yesca capaces de hacer saltar la chispa que provoque el estallido violento de la volatil Venezuela. Y quizá la reunión del Grupo de Lima el lunes, con asistencia del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pence, no llegue a tiempo ni sirva al objetivo de su creación por 12 estados latinoameriocanos en agosto de 2017, hace ya año y medio: buscar una salida pacífica a la crisis venezolana. Mientras, la presencia de Guaidó y del enviado especial de Washington, Elliot Abrams, en Cúcuta irrita aún más al régimen chavista, más empeñado en negar la evidencia de la necesidad -la ONU cifró ayer en 3,4 millones el número de refugiados- que en paliarla. La ayuda es necesaria y el régimen podría permitirla, quizá justificándolo en su protección por la legislación internacional y bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que permitiría una distensión imprescindible para un diálogo que ninguna de las dos partes se atreve a negar pero que ninguna de las dos partes sabe activar.