EL decreto enviado por la Fiscalía al juzgado con la imputación de tres doctores jefes de servicio de Osakidetza como presuntos responsables de una supuesta revelación de secretos por supuestamente filtrar el contenido de los exámenes de la OPE en tres especialidades -Anestesiología, Angiología y Digestivo- ha servido a los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco para solicitar, en distinto grado y con rotundidad diferente, responsabilidades políticas, en algunos casos centradas en el consejero de Salud, Jon Darpon. Dicha exigencia, que ya se insinuó cuando hace meses se dieron a conocer públicamente las denuncias sindicales y que no es ni mucho menos ajena a la proximidad ahora de dos citas electorales, supone en todo caso extender los términos de la responsabilidad que la Fiscalía delimita en quienes habrían supuestamente infringido la obligación de confidencialidad, no se detiene en que las diligencias de la Fiscalía se iniciaron respecto a 19 especialidades y solo han centrado el presunto delito en tres -solicita más diligencias en otras ocho-, ni en que la investigación judicial de un presunto delito no presupone culpabilidad de los investigados, mucho menos de aquellos a quienes se pretende llegar a considerar posibles responsables del desempeño de estos debido a su cargo. Con estas premisas, cabe cuestionar seriamente si el verdadero impulso de la exigencia de responsabilidades políticas es la mejora del sistema y estructura de las pruebas de las Ofertas Públicas de Empleo de Osakidetza -que evidentemente precisan de ser revisados- con la que el consejero Darpón sí ha expresado, tanto públicamente como en sede parlamentaria, su compromiso hasta el punto de desarrollar una profusa investigación interna, de cuyos resultados ha dado traslado a la propia Fiscalía, o de admitir las sugerencias del Ararteko para formular una organización diferente de próximas OPE. Porque lo que se dilucida en torno a todo este caso no es sino la necesidad primaria y prioritaria de asegurar ante la sociedad vasca la igualdad de oportunidades en el reconocimiento de los diferentes méritos en los procesos de Oferta Pública de Empleo, algo a lo que difícilmente se contribuirá desde posturas y exigencias interesadas política o electoralmente cuando el procedimiento judicial ni siquiera ha llegado a iniciarse.