Amedida que se va acercando la convocatoria electoral del próximo mayo, el PP en la CAV parece haber redoblado su estrategia de presión y de distanciamiento con el nacionalismo y de reforzamiento de las que se intuyen van a ser sus señas de identidad, en forma de mayor escoramiento a la derecha, radicalización en la exigencia de restricción de derechos sociales y una apuesta sin ambages por la recentralización del Estado. Unas líneas políticas que ya se están viendo tanto en sus actuaciones -autoexclusión en la negociación presupuestaria con el Gobierno vasco y ahora para sacar adelante la ley de acompañamiento, con excusas como la subida de la RGI- como en los discursos de sus principales dirigentes. Se trata de una actitud que puede ser legítima, aunque los populares deberían medir bien el impacto de sus posiciones en gran parte de la ciudadanía y en la merma que supone para el autogobierno. Pero en los últimos días, además, se está evidenciando una preocupante involución en el PP vasco respecto al Estatuto de Gernika y a las competencias que, en virtud de esa ley orgánica corresponden a Euskadi de pleno derecho. Esta mayor beligerancia ha aumentado desde el momento en que el Gobierno español anunció el pasado 22 de enero el calendario para la negociación y materialización de las transferencias pendientes. Así, los populares han redoblado la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un rechazo de plano al traspaso de la gestión de las prisiones, una de las competencias que, según el texto del Estatuto, corresponden en exclusiva a Euskadi y que se mantiene incumplida durante casi cuarenta años. Para ello no ha dudado en volver a agitar el fantasma de ETA e incluso a sugerir que, de contar con la competencia de las cárceles, el Gobierno vasco haría favores a los presos y a preguntarse si el Ejecutivo de Urkullu “merece confianza” para ello. Esta estrategia del PP -que no es nueva- viene marcada por la política que este partido está llevando a cabo en Madrid, donde intenta tapar la sangría de votos hacia Vox escorándose a posiciones radicales. El problema es que choca de manera frontal con la tesis expuesta por la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, cuando afirma que ellos son “padres del Estatuto” -aunque hay que recordar que AP votó en contra-, con la reivindicación mayoritaria de la ciudadanía vasca y, sobre todo, supone el incumplimiento flagrante de la ley.