EL acuerdo rubricado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 es, sin duda, el lógico imprescindible si el gobierno del PSOE pretende sacar adelante en el Congreso un proyecto de cuentas públicas. De hecho, el ejercicio práctico de posibilismo político apenas ha necesitado de atemperar posiciones iniciales para llegar a un punto en común. Por ejemplo, en el importe de 900 euros del Sueldo Mínimo Interprofesional, cuya actualización ya había contado en su día con el apoyo de todos los grupos del Congreso pero que requiere analizar la memoria económica que lo dote de sostenibilidad. O en la frontera de los 130.000 euros para el tipo máximo del IRPF. En otros aspectos del acuerdo, esencialmente de fiscalidad, pero también en la actualización de las pensiones, el subsidio a mayores de 52 años, la derogación de aspectos esenciales de la reforma laboral, o en las ayudas por hijo y paternidad, o a la dependencia, ya de inicio eran más las coincidencias que las discrepancias. Ahora bien, que el acuerdo sea lógico e imprescindible para la aprobación de las cuentas no significa que sea suficiente. Tanto Sánchez como Iglesias saben que ese acuerdo necesita del respaldo de ERC, PDeCat y PNV -también de Compromís- y que, aun si la mayor parte de esas formaciones están dispuestas a asumir las partes esenciales del proyecto conjunto PSOE-Podemos, su voto afirmativo exige otras condiciones. En el caso del PNV, estas pasan indefectiblemente por el cumplimiento previo de los compromisos adquiridos por Sánchez en materia competencial y por el desarrollo pleno del autogobierno plasmado en el Estatuto de Gernika y pendiente aún cuatro décadas después. En el de las dos formaciones catalanas, por una voluntad real de diálogo y solución del contencioso catalán que reclama como primer paso resolver la situación de los políticos soberanistas que un año después siguen en prisión preventiva, aunque esa decisión no esté en manos del Ejecutivo. Y siendo PSOE y Podemos conscientes de todo ello, se puede pretender que piensan encaminar sus políticas en ese sentido. Porque estarían cometiendo un error de resultados impredecibles si el anuncio del acuerdo está contaminado de la pretensión de culpar a terceros en el caso de que su contenido no acabe de plasmarse en la realidad de la aprobación de los presupuestos.