AL cumplirse 140 años de la aprobación, el 28 de marzo de 1878, del primer Concierto Económico entre Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el Estado y ante las críticas que se vierten contra el mismo desde Ciudadanos, también desde ámbitos de otros partidos y comunidades autónomas, además de exigir, como ha hecho el lehendakari Urkullu, respeto a una relación amparada por la Constitución y el Estatuto, caben precisiones políticas y económicas. Entre las primeras, la más clara y generalmente desconocida es la de que el Concierto no es un sistema decidido por los territorios históricos, sino por el Gobierno español de Cánovas del Castillo tras la derrota carlista en 1876 y la aplicación por la fuerza -con la presencia en Euskadi de más de 40.000 soldados- de un artículo 155 de la época, el artículo 6 de la ley abolitoria de los fueros que otorgó al Gobierno español facultades sobre los territorios forales pero no superó su incapacidad para proceder al cobro de los tributos que realizaban las diputaciones. Por cierto, la Constitución de 1978, en su Disposición Derogatoria Segunda, considera “definitivamente derogada” esa ley de 21 de julio de 1876 de Cánovas al igual que la anterior del 25 octubre de 1839, tras el denominado Abrazo de Bergara, o Ley de Confirmación de Fueros “sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. Por si esto no fuera suficiente para calificar de irracional la consideración de “privilegio” que se hace del Concierto, cabe añadir datos económicos que reducen esas críticas al absurdo y sitúan el problema de la desigualdad no en la concertación, sino en el sistema de régimen común del resto del Estado. Así, el porcentaje de la economía estatal que corresponde a la CAV es el 6,1% (68.000 millones de euros de PIB frente a 1.125.000 del estatal) y su población (los 2.175.819 habitantes de la CAV) supone apenas el 4,6% de los 46,5 millones de ciudadanos del Estado. En ambos casos por debajo del 6,4% que Euskadi abona en concepto de Cupo. Y si alguien llegara a pretender que tras el Concierto se hallasen ventajas fiscales, cabría apuntar, por ejemplo, que al calor de la agresiva rebaja de la presión fiscal que inició Madrid, la mitad de las rentas altas que cambiaron de residencia fiscal entre 2006 y 2012 (493 de 877) lo hicieron a esa comunidad, cuyo PIB ha pasado de 76.500 millones en 1995 a más de 210.000 y en los últimos 35 años ha pasado del 15% del PIB estatal a ser el 19%. ¿Dónde está el privilegio?