LAS protestas que vienen protagonizando pensionistas y jubilados bajo la exigencia de pensiones dignas y actualizadas conforme al IPC anual y con la denuncia del precario 0,25% de incremento anual que estableció el Gobierno del PP en 2013, entre ellas una de respuesta multitudinaria en Bilbao y otra que colapsó los alrededores del Congreso de los Diputados en Madrid el pasado jueves, responden a la indignación de quienes por su edad han traído a la sociedad a los actuales niveles de desarrollo y, sin embargo, se sienten abandonados por quienes ahora la dirigen. Los pensionistas -8,7 millones en el Estado, con una pensión media de 926 euros, y 550.000 en Euskadi, con 1.151 euros-, tras haber completado su vida laboral (la media es de casi 35 años), se sienten estafados al comprobar que las prestaciones a las que han contribuido durante décadas a través de las cotizaciones no les revierten una situación económica suficiente. Un sentimiento que se agrava al conocer el empleo por el Gobierno del PP del Fondo de la Seguridad Social, la denominada “hucha de las pensiones”, en contingencias ajenas a su cometido y la práctica desaparición de los 66.851 millones de euros que la conformaban hace solo seis años. Y que llega a la sensación de oprobio con las desafortunadas declaraciones de representantes del PP que han abogado por asegurar la suficiencia de las pensiones mediante el ahorro personal o la prolongación de la vida laboral, bien sea con jubilaciones tardías o conjugando jubilación y empleo parcial. Pero la sostenibilidad del sistema de pensiones no descansa en los gastos que genera -un 12% del PIB, 140.000 millones, según los últimos presupuestos- sino en los ingresos, condicionados hoy por el desempleo y la precariedad laboral, y en la gestión de estos y su relación con las prioridades económicas y sociales del gobierno de turno, lo que fundamenta la reclamación desde Euskadi de un sistema propio que responda a las necesidades de los jubilados vascos, pero también a la exigencia de una mayor trasparencia y un control más cercano de los recursos. Los pensionistas tienen, por tanto, motivos fundados para la protesta, que puede devenir en auténtico seísmo político. No en vano, los ya jubilados, mayores de 65 años, son un 25% del electorado estatal y junto a los que aspiran a serlo, mayores de 55, son el 40%; y, de ellos, la mayoría (36%) ha venido votando al PP.