Mitos, medias verdades y mentiras sobre las pensiones vascas
HACE ya unos cuantos años que proclamé en estas mismas páginas mi firme convicción de que un sistema público vasco de pensiones de reparto como el de la actual Seguridad Social española era no solo perfectamente viable sino altamente conveniente. He oído y leído mucho sobre el particular desde entonces. Y no he cambiado de opinión. Dado que se oyen continuamente opiniones en sentido contrario y que se utilizan como excusa para privar a la CAPV de competencias expresamente recogidas en el Estatuto (la gestión económica de la Seguridad Social ) volvemos sobre la cuestión.
El sistema de pensiones que gestiona la Seguridad Social es en estos momentos claramente deficitario. No ya en el ámbito de la Comunidad Autónoma sino en el del conjunto del Estado. Es este uno de los obstáculos que se oponen (por quienes no quieren cumplir la ley) al desarrollo de lo dispuesto en el Estatuto. Sin embargo, son deficitarios también el transporte público, los equipamientos culturales, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos y no se opone nadie a su transferencia.
Quiere darse pábulo aquí a un prejuicio sobre la capacidad financiera del Gobierno vasco para hacer frente al posible déficit que carece a nuestro juicio de sentido. Veamos el porqué.
De los gastos y lo ahorrado Se hace constantemente referencia a los gastos del sistema mientras se omite ladinamente todo lo que tiene que ver con los ingresos. Calculado con metodología de Cupo, el 6,24% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social debería entenderse generado por la CAPV. Calculado en función de lo cotizado por nuestros trabajadores desde que el sistema mantiene sus actuales características, y habida cuenta de que los sueldos vascos han sido y siguen siendo los más elevados y que las cotizaciones por tanto también lo habrán sido, lo que debería correspondernos sería probablemente superior (es llamativo, por otra parte, que no exista informe alguno conocido al respecto y que por tanto la dimensión real de nuestra solidaridad territorial sea en este campo desconocida).
El Fondo va camino de ser historia (y habrán de pedirse sobre su gestión explicaciones muy exhaustivas) pero es rotundamente falso lo que se oye con frecuencia relativo a que sean los cotizantes de otros territorios los que estén abonando las pensiones de los jubilados vascos. Si vamos a analizar la viabilidad del sistema, habrá que tener en cuenta no solo el déficit (y su importe coyuntural) sino también lo ahorrado previamente para afrontarlo (y las circunstancias en que se pudo generar ahorro).
En lo que hace a los gastos, el Sistema no se limita a financiar pensiones a las que uno ha contribuido cotizando previamente, hace frente a otras necesidades. Cualquier debate sobre viabilidades debe partir de separar con claridad unas y otras. Y el efecto sobre un sistema unitario de que en unos u otros territorios se den en mayor menor medida esas “situaciones” también debería ponerse en la balanza (cuestión que casi ninguno de los estudios publicados sobre las pensiones vascas toma en consideración).
En la parte de los ingresos, el Sistema se ve privado de recursos muy importantes como consecuencia de bonificaciones varias dirigidas a fomentar el empleo, cuya eficacia habría que analizar con calma algún día y que (tarifa plana para autónomos como último ejemplo) siguen proliferando en un espantoso alarde de falta de imaginación. La necesidad de estas detracciones de recursos en nuestro territorio, tanto desde el punto de vista de su eficacia como desde el de que deban recaer sobre la Seguridad Social en lugar de sobre el presupuesto, debería someterse a un análisis exhaustivo.
Todo esto y el amplísimo fraude que algunos sospechamos, que quizá una gestión más próxima a la sociedad pudiera reducir (particularmente en relación con la cotización por segundas y sucesivas actividades, por las horas y días trabajados más allá del horario contratado o por la actividad laboral de pensionistas) pudieran revertir el nivel de déficit entre lo que cotizan ahora los trabajadores de la CAPV y las pensiones que cobran del sistema los residentes en nuestro territorio, un déficit que la mayoría de los opinantes informados se limita meramente a cuantificar, sin un análisis completo de los flujos territoriales.
Las pensiones vascas son, se dice, más altas que la media de las estatales. Esto es una media verdad o lisa y llanamente mentira. Las pensiones vascas son exactamente iguales que las restantes. Responden a lo que cada uno (y su empresa) han cotizado en su vida laboral conforme a iguales reglas de cálculo, porque se trata, hoy por hoy, de un sistema estatalmente unitario. Sería absurdo en otro caso (y así de incongruentes son los opinadores de la órbita del PP y del PSOE) decir que no se puede romper la “caja única”, mito y tótem donde los haya, y que no puede haber pensionistas que cobren distinto según territorios, (olvidando que 1.000 euros en Euskadi no dan para adquirir lo mismo que en Extremadura y que el sistema es ya intrínsecamente desigual, que no necesariamente inequitativo, por cuanto retribuye en función de lo cotizado) y al mismo tiempo que las pensiones vascas son más altas y que ello incrementa la inviabilidad de la gestión autónoma.
Si hay un mayor número de pensionistas vascos con pensiones “elevadas” será porqué lo habrán cotizado previamente contribuyendo a generar los recursos actuales, incluido el Fondo de Reserva. Y, en contrapartida, si la tendencia de mayores sueldos se mantiene, como ponen de manifiesto las estadísticas oficiales, los trabajadores vascos también estarán cotizando actualmente en mayor medida.
La amenaza demográfica La demografía es, al parecer, una gravísima amenaza para la supervivencia del sistema. Y volvemos al terreno de las medias verdades. Es cierto que por muchos y variados motivos sería deseable una tasa de natalidad más elevada en nuestra sociedad, pero incluso aunque cada mujer vasca pariese dos o tres hijos en lugar de rondar justo la unidad como sucede en este momento, el destino de esos vascos y vascas sería la emigración si no pudiese crearse empleo suficiente para ellos. Incluso con una tasa menor, si creásemos empleos suficientes cubiertos con personas inmigrantes que cotizasen, el sistema de Seguridad Social recobraría la salud financiera con rapidez (permítanme un toque cínico, desde el punto de vista de los efectos exclusivamente financieros sobre el sistema, esta segunda opción sería todavía mejor que la primera y no ya solo por la actual mayor fecundidad de la población inmigrante en edad fértil).
¿Tiene la sociedad vasca la capacidad de generar empleo suficiente? No lo sabemos, el futuro no está escrito, pero ¿la tiene en el Estado alguien en mayor medida que nosotros? El problema de crear empleo suficiente para hacer frente con las cotizaciones actuales al cada vez más elevado número de pensionistas derivado de la jubilación de población de épocas de elevada natalidad y del incremento de la esperanza de vida, no es vasco en mayor medida que español (y de muchos otros países). Pero la autonomía de la gestión permite responder a él con medidas más adecuadas a la situación concreta.
La solidaridad, a cualquier nivel, tiene dos presupuestos, la libertad (sin ella no es solidaridad sino impuesto) y la claridad (que sea una decisión consciente, conocidos con precisión su alcance y dimensión). Soy el primero en asumirla en todos los terrenos respecto de personas (los españoles) con quienes nos unen tantas cosas (y eso que vista su reacción, salvo honrosas excepciones ante Catalunya, España y todo lo que implica echan más para atrás cada día). Pero con tales presupuestos y no escondida bajo mitos, medias verdades o simple y llanamente mentiras.