Tres propuestas para cobrar la pensión

dA la sensación de que el debate sobre las pensiones se ha atenuado en los últimos años y solo parece cobrar vida a impulso de las periódicas disposiciones del Fondo de Reserva para cubrir los déficits del sistema financiero de la Seguridad Social. Y es que, más allá de planteamientos técnicos, cualquier decisión que se adopte con relación al diseño del sistema de pensiones tiene una profunda carga ideológica. Se trata de dar respuesta al siguiente dilema: ¿deben ser los ingresos los que determinan el importe de la pensión, de manera que la misma se ajuste a las posibilidades que permita un volumen de ingresos limitado o, por el contrario, fijada una pensión digna y suficiente (artículo 50 de la Constitución española), se buscarán unos ingresos que garanticen pagar pensiones suficientes? Si de forma democrática la sociedad opta por la segunda alternativa, la tarea que tenemos pendiente pasa por diseñar un sistema contributivo que lo posibilite, actuando sobre los ingresos y renunciando a ajustes y rebajas en la cuantía de la pensión.

El aumento de los ingresos puede venir de tres fuentes principales, cada una de las cuales presenta sus particularidades: aumento de cotizaciones, subida de impuestos o puede también provenir de recursos captados mediante emisión de deuda. Veamos las implicaciones de cada opción.

Aumento de cotizaciones Con relación al aumento de las cotizaciones, conviene efectuar dos precisiones. La primera es que España es uno de los países europeos donde mayor es el tipo de cotización empresarial a la Seguridad Social. Según datos de este organismo para 2015, la cotización empresarial en España es del 29% de la masa salarial bruta, por encima de países como Suecia, Portugal, Italia o Alemania, por lo que plantear subidas por esta vía comprometería la creación de empleo y mermaría la competitividad. La segunda precisión es que, si bien es cierto que España es uno de los países donde la contribución del trabajador es más reducida (en torno al 6,25% de la masa salarial) en comparación con los países de nuestro entorno, confiar la recuperación del sistema al incremento de la cotización de los trabajadores tendría necesariamente un alcance limitado, toda vez que, según datos de la propia Comisión Europea, la relación cotizantes-pensionista se reducirá de forma notable de aquí a 2050, año en el que apenas se prevé 1,2 cotizantes por pensionista. Cabe, no obstante, incrementar los ingresos por cotizaciones destopándolas, es decir, eliminando el tope superior a la base de cotización, de forma que no se establezca un tope máximo de cotización, sino que se cotice por la totalidad del salario (como se hace en la mayoría de los países europeos) lo que, además de contribuir a la progresividad fiscal, incrementaría los ingresos del sistema en cerca de 8.000 millones de euros al año.

Impuestos El recurso a los impuestos se presenta como la segunda vía de financiación de las pensiones, ya que éstas no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. De hecho, casi todos los países europeos, incluido España, pagan parte de las pensiones con impuestos (pensiones asistenciales, complemento a mínimos).

Dado el creciente peso de las rentas no salariales en el PIB español, la financiación de las pensiones mediante impuestos generales sería una medida de equidad fiscal al someter a gravamen no solo las rentas del trabajo, ya de sí muy penalizadas, sino también las de capital e incluso el patrimonio. Por estos motivos, no debería descartarse la creación de un impuesto específico como ya se hace en varios países europeos. Se trata, además, de una medida de solidaridad intergeneracional ya que los impuestos pagados para financiar las pensiones de la generación precedente son una forma de devolver a los pensionistas los gastos que éstos han realizado para financiar la educación, la sanidad y las infraestructuras de las que se benefician las generaciones actuales a las que se les pide ese esfuerzo fiscal.

Endeudamiento Sería un recurso para activarlo únicamente una vez estuviera agotado el Fondo de Reserva (hucha de las pensiones), medida que equivale a trasladar a futuro el coste de las pensiones actuales.

Al igual que decíamos en el caso de los impuestos, estaríamos ante un reforzamiento del contrato social en virtud del cual la generación venidera tiene el encargo de devolver a los pensionistas actuales el gasto realizado por éstos para proveerles de los servicios públicos e infraestructuras de las que disfrutan.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, el alcance temporal de estas medidas ya que, como estima la propia Seguridad Social, a partir de 2050 cambia la tendencia y se recupera la ratio cotizantes-pensionista al salir del sistema (por fallecimiento) la numerosa generación del baby boom nacida en los años 60 y 70 del siglo XX. La cuestión, por tanto, como se apunta en algunos foros académicos, no es cuánto hay que reducir el importe de la pensión para poderla pagar con los ingresos de que se dispone, sino cuánto hay que ingresar para pagar las pensiones que se consideren justas.