HACE ahora un año, DEIA publicó que Ignacio Galán, presidente de Iberdrola -una de las dos copropietarias de Nuclenor, que gestiona la central nuclear de Santa María de Garoña- había trasladado en una reunión con los sindicatos de su empresa que no contemplaba la reapertura de la planta burgalesa en razón de su inviabilidad económica. Precisamente cuando la posibilidad de que Garoña pudiera reanudar su actividad estaba pendiente del Ministerio de Energía, después del muy polémico informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Galán oficializó el viernes su postura contraria a la reactivación de Garoña con toda la solemnidad que ofrece la Junta General de Accionistas de la eléctrica vasca. Y fue categórico: Garoña “no es viable económicamente”. Por sí sola, la declarada intención de Iberdrola de llegar a un acuerdo con su socio, Endesa, para que desista de pedir la autorización para reanudar la actividad -Endesa ha derivado al seno de Nuclenor el emplazamiento público de Iberdrola- es ya una buena noticia para la sociedad vasca así como para sus instituciones, que en incontables ocasiones se han pronunciado y manifestado en contra de la continuidad de la central. Una buena noticia que, como todo lo relacionado con Garoña, hay que acoger con prudencia. El Ministerio cuenta con un plazo de seis meses para tomar una decisión tras el dictamen emitido en febrero por el CSN, favorable a la reapertura de la central -que en virtud de ese dictamen permitiría operar a Garoña hasta 2031-, siempre que Nuclenor cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen. En otro plano, el proceso en torno a la reapertura de la central tenía una derivada mucho más amplia relacionada con la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy, inclinada a abrir la vía para poder prolongar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años, frente a los 40 años iniciales. Sánchez Galán afirmó ayer que la situación del resto de negocio nuclear de Iberdrola “no es muy diferente” al de Garoña, debido a que se han ido poniendo cada vez más impuestos y obligaciones a esta actividad que han hecho que el 50% de los ingresos “vayan a pagar” esos costes, lo que supone un claro cuestionamiento de la rentabilidad de las centrales. Una posición clave y sin precedentes respecto al futuro de la energía nuclear en el Estado y que devuelve la pelota al Gobierno español.
