EL rechazo por el Tribunal Constitucional (TC) del recurso presentado por el Gobierno vasco contra el Título V del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobado por el Gobierno Rajoy, que elimina los periodos de ventas especiales o rebajas, amplía el horario comercial de 72 a 90 horas y la apertura en festivos de ocho a diez días anuales, da aspecto de legalidad constitucional a una flagrante invasión de las competencias estipuladas en el Estatuto de Gernika. El Título I del texto estatutario, que establece “las competencias exclusivas” de la CAPV, contempla como una de estas, según el art. 10.27, “el Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre la defensa de la competencia”, aspectos estos últimos a los que la regulación aprobada por el Gobierno vasco con el consenso del sector no debería afectar. El TC, sin embargo, lo pretende ignorar del mismo modo en que ignora, además, el art. 21 del Estatuto por el que “el derecho emanado del País Vasco en materias de su competencia exclusiva es el aplicable con preferencia a cualquier otro y solo en su defecto será de aplicación supletoria el derecho del Estado”. En otras palabras, la lectura que el TC hace de la capacidad del Estado para legislar a través de normativa básica contra cualquiera de las competencias de Euskadi, incluyendo las que el propio ordenamiento jurídico considera de carácter exclusivo, supone de facto la subordinación de una ley fundamental que forma parte del denominado bloque constitucional a la iniciativa legislativa del gobierno del Estado en cada momento, aun si esta tiene por impulso un aspecto ideológico o una mera conveniencia política. Pero es que, además, la decisión del TC, que se produce, no cabe olvidarlo, tras una iniciativa del Gobierno Rajoy, desoye la opinión del sector comercial, conforme con la regulación en vigor en Euskadi. No en vano, el comercio vasco presenta notorias divergencias con el de otras zonas del Estado, de lo que se debería deducir que es la autoridad más cercana la que mayor capacidad posee para legislar no en beneficio de las grandes firmas, como ha hecho el gobierno Rajoy, sino de acuerdo a sus intereses.