EL acto protocolario de la firma ayer en Cartagena (Colombia) de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que deberán ser rubricados en referéndum por la ciudadanía colombiana el domingo, pone fin a 52 años de conflicto violento, el más antiguo y duro de latinoamérica con 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados y demuestra de modo fehaciente que el diálogo es el instrumento idóneo para poner fin a los enfrentamientos si existe voluntad real en quienes deben protagonizarlo. En ese sentido, el empeño personal del presidente Santos y del Secretariado de las FARC -impulsados por el hastío de violencia de la sociedad colombiana- han sido fundamentales para superar las enormes dificultades políticas, incluyendo el rechazo de la oposición a Santos personificada en Álvatro Uribe, que se han planteado al proceso durante seis años; como ha sido fundamental el apoyo internacional, especialmente de Noruega, Cuba, Nicaragua y Chile, reflejado en la presencia de nada menos que 17 presidentes y jefes de Estado en el acto en el que el presidente colombiano y Rodrigo Londoño Timochenko sellaron ayer la paz. Dicho esto y constatado que los acuerdos no son perfectos, que aún quedan numerosas consecuencias del conflicto por resolver y que las FARC especialmente, pero también el Ejército colombiano, deben admitir el tremendo error de la violencia y reconocer a sus respectivas víctimas; es preciso resaltar asimismo la paradoja que supone el apoyo de las instituciones del Estado español al proceso de paz. La participación de 22 observadores españoles en las labores de desarme, custodia y destrucción de armamento; la aportación, la más alta de la UE, al fondo europeo de financiación del postconflicto; la colaboración del ex presidente de gobierno español, Felipe González, en las labores de asesoría a Santos; la presencia institucional ayer en Cartagena... contrastan sobremanera con la negativa radical del Gobierno español que preside Mariano Rajoy a considerar siquiera las posibilidades de colaborar en la culminación del proceso de paz en Euskadi mediante la simple implantación de un protocolo y medios para el desarme de quienes hace ya cinco años, como las FARC, decidieron poner fin a sus violentas actividades.
