Encarcelar la política en la ley

LA presentación por la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas; su vicepresidenta, Joana Ortega, y la conseller de Educación, Irene Rigau, acusándoles de presuntos delitos de desobediencia, obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa y malversación -que pueden llegar a implicar hasta diez años de inhabilitación- por la celebración de las votaciones en el proceso participativo del 9-N no es sino un despropósito político por cuanto político es el impulso de la decisión de la Fiscalía.