LA presentación por la Abogacía General del Estado, en representación del Gobierno español, de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la Oferta Pública de Empleo de 120 nuevas plazas en la Ertzaintza, es el enésimo ataque del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las capacidades de autogobierno contempladas en el Estatuto de Gernika y asentadas además en la práctica jurídica y política durante décadas. Como anteriormente ha pretendido con otros ámbitos esenciales y exitosos de nuestro autogobierno, tales que la Sanidad o la Educación, y de nuevo con la pretendida excusa de la crisis y la asunción uniforme de la lucha contra un déficit público al que la Comunidad Autónoma Vasca no ha contribuido, el Gobierno español esgrime en este caso las limitaciones establecidas por la normativa estatal a la reposición de empleados públicos para arremeter contra el Estatuto. Para hacerlo, la Abogacía del Estado pretende obviar que la competencia en Seguridad forma parte del “proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera”, como especifica el art. 17 del texto estatutario por el que corresponde “a las instituciones del País vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el régimen de la Policía Autónoma”. Y obvia asimismo el punto 4 de ese mismo artículo por el que se sitúa en una “Junta de Seguridad formada, en número igual, por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma” la labor de coordinación entre la Ertzaintza y las FSE, así como que dicha Junta de Seguridad acordó a finales de 2004 situar en 8.000 el número de efectivos necesarios en la Policía vasca. Dado que la pretensión del Departamento de Interior con la OPE de 120 plazas es la de mantener esa cifra ante las perspectivas de jubilación que reducirían la plantilla de la Ertzaintza a 7.500 agentes en 2016, el recurso del Gobierno español, que incluye la insensata petición de suspensión cautelar de una convocatoria ya en curso, solo puede proceder del desconocimiento de la ley o, en su defecto, de un intento premeditado de limitar la misma. Y en este caso su único fin sería el de socavar el autogobierno que aprobó y del que se dotó la sociedad vasca y profundizar en un evidente proceso de recentralización que, pese a todo, el propio Rajoy negaba ayer.
