LA aprobación por el Parlament de Catalunya de la Ley de Consultas no Refrendatarias y la firma por el president de la Generalitat, Artur Mas, del decreto de convocatoria para el próximo 9 de noviembre no exigían, por anunciadas y previsibles, la extraordinaria urgencia y resonancia mediática con que han actuado los poderes del Estado a través del dictamen del Consejo de Estado, reunido en domingo; el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional a primera hora del lunes y en el mismo día de ayer la convocatoria del pleno del TC para admitir a trámite dicho recurso y proceder a la suspensión automática de la vigencia tanto de la ley catalana como del decreto del Gobierno Mas. El motivo de ese proceder no es otro que el de visualizar una gravedad que la iniciativa catalana en sí misma no tiene para presentarla ante la opinión pública española no como lo que es -la normal pretensión catalana de ejercer la democracia para opinar sobre su estatus político y su relación con el Estado- sino como lo que no es: un ataque indeseable a la legalidad y la unidad del Estado. El mismo tono, la supuesta solemnidad no exenta de matiz amenazante, del presidente español, Mariano Rajoy, al advertir de que “no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible” y su consideración del derecho a votar y decidir como una uniformidad coincidente con el que él denomina “la nación” española, cuestionan de facto cualquier credibilidad al posterior ofrecimiento de diálogo y negociación. Porque si la consideración de que la consulta o referéndum se atenga o no a la Constitución depende de parte, es decir, de PP y PSOE -de hecho se atendría con que el Gobierno hubiese accedido a usar el artículo 150.2 del texto constitucional-, ¿quién interpreta la legalidad? Y si los miembros del pleno del TC son designados y elegidos por PP y PSOE, ¿quién juzga qué se atiene o no a esa legalidad? ¿O no se atuvieron a los cauces legales la reforma del Estatut y aún antes la propuesta de Nuevo Estatuto Político para Euskadi? Y si una supuesta reforma de la Constitución precisa de la aquiescencia de ellos mismos, ¿qué virtual solución al problema de encaje de Catalunya y Euskadi puede dicha reforma ofrecer? Rajoy no dice la verdad: no pretende diálogo y acuerdo para una relación de futuro, sino la adhesión por subordinación a la España una, grande y libre de siempre.