LA necesidad de incrementar los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak, que se elevan a más de doscientos bombardeos -según cifras facilitadas por el Pentágono- desde que Obama los autorizara en agosto; y Siria, veinte bombardeos desde que el presidente estadounidense ampliara la campaña a ese país el pasado 10 de septiembre; ha llevado a la Casa Blanca a solicitar la intervención directa de sus aliados, concretamente y al menos de los miembros de la OTAN Gran Bretaña y Dinamarca. En ambos casos, los gobiernos presididos por David Cameron y Helle Thorning-Schmdit han sometido la decisión a sus respectivos parlamentos, en ambos casos los ejecutivos han contado con el apoyo de los votos de la oposición y con el de una mayoría de ciudadanos, según las encuestas, y en ambos casos han restringido su área de actuación a Irak. Ambas decisiones, por tanto, presentan dos relevantes matices ante las siempre lógicas críticas a la participación en un conflicto bélico. Por un lado, que los respectivos gobiernos británico y danés han delegado la decisión en los representantes elegidos democráticamente por la sociedad. Algo que en el caso del Estado español no se hizo al decidir el Gobierno de José María Aznar tomar parte en la segunda intervención en Irak y que, hasta el momento, tampoco se ha hecho ahora, cuando ni siquiera se ha dado conocer con claridad el grado de compromiso adquirido por el gobierno Rajoy con la coalición internacional. Por otro, que ambos países han limitado su intervención a Irak. Porque, aun siendo cierto que la petición de EE.UU. se limitaba a este país, también lo es que persisten algo más que serias dudas sobre que la intervención en Siria se ajuste a la legalidad: mientras el gobierno de Bagdad solicitó en su día ayuda internacional para frenar al EI, la dictadura de Bashar al-Assad, que sigue ostentando, legítimamente o no, la representación del Estado sirio, no lo ha hecho ante el temor de que esta se inmiscuya, como parece que acabará sucediendo, más allá del combate al califato islámico, en la guerra civil que asola ese país desde hace tres años. De hecho, Obama tampoco ha recabado el apoyo del Congreso -temeroso a resistencias inesperadas a dos meses de las elecciones de noviembre- para esta última intervención en una guerra que se extenderá a lo largo del mandato del próximo presidente, el tercero ya desde la invasión de Irak ordenada por George W. Bush.