EL anuncio por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, más conocida como reforma de la ley del aborto, no puede entenderse sino como una evidente desautorización, a sabiendas de que implicaba su dimisión, del hasta ayer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien había promovido, impulsado y defendido la reforma personalmente. Pero también supone una derrota del ala más ultrarreligiosa del PP, incluidos otros ministros como Fernández Díaz. Y un desaire a la (anterior) cúpula episcopal española, que forzó la presencia en el programa electoral con que Rajoy se presentó a las elecciones de la reforma de una ley socialmente asentada. Pero todo el proceso de elaboración y retirada del anteproyecto supone, ante todo, la constatación de dos características del gobierno que preside Mariano Rajoy. Por un lado, la permeabilidad del mismo a la acción de los grupos de presión, especialmente los de ideología más extremadamente conservadora tanto en lo social como en lo político y lo económico, lo que le ha llevado durante tres años a imponer, vía mayoría absoluta, decisiones unilaterales carentes del más imprescindible consenso parlamentario y de la necesaria concordancia con el sentir mayoritario de la sociedad. Por otro, y en contraste con esto, la decisión de retirar la reforma de la ley del aborto, al igual que el anuncio un día antes de la subida de las pensiones o el anterior de la revisión de la fiscalidad, confirma la supeditación del gobierno a las encuestas, es decir, no a los objetivos de modelar la sociedad en virtud de una ideología con más que matices dentro del PP -mucho menos en busca del bien común- sino al fin único de mantener (y repartir) el poder. La pretendida explicación de que la reforma de la ley del aborto “afecta a convicciones profundas”, “genera división” y puede ser “cambiada por otro gobierno” es igual de válida ahora que lo era antes de iniciar la elaboración del anteproyecto. Sólo que a meses de las elecciones municipales y en el último año de legislatura, los sondeos (con el caso Gürtel aún pendiente) cuestionan mucho más que la mayoría absoluta y exigen poses que sin embargo, aun si conllevan crisis de gobierno, no afectarán a los ejes aglutinadores del PP: el liberalismo y la uniformidad del Estado, es decir, reforma laboral y recentralización.