EN el proceso de devaluación de los derechos democráticos y de las libertades civiles que lleva impulsando el Partido Popular desde que accedió al Gobierno con mayoría absoluta, el Ministerio de Interior advierte ahora de que la Policía está facultada -en aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o, como ya se la conoce popularmente, ley mordaza- para requisar preventivamente las cámaras de los periodistas gráficos que cubren actos públicos o manifestaciones. El PP no sólo aplica el rodillo político de la mayoría absoluta para modificar importantes contenidos de la Constitución -tan inmutable en otros ámbitos-, no sólo gobierna directamente por vía del decreto para evitar el debate parlamentario en las principales reformas, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy también está aplicando por la vía de los hechos un recorte gradual y progresivo de los derechos sociales, laborales y políticos en el Estado español. La Ley de Seguridad Ciudadana del PP -sin el apoyo de ningún otro partido-, cuestionada en varios de sus artículos incluso por el propio Tribunal Constitucional, supone un retroceso inaceptable de derechos y libertades democráticas básicas, como la libertad de expresión o de manifestación, y afecta directamente a otro valor fundamental en un Estado de derecho como la libertad de prensa. Y el hecho de posibilitar la incautación policial de medios de trabajo que tienen la finalidad de garantizar el derecho a una información veraz y libre supone un lastimoso intento de coacción y de censura a los medios de comunicación y a los profesionales gráficos. El intento de imponer la ya largamente denostada ley mordaza se suma a otras iniciativas restrictivas de derechos democráticos como la reciente reforma del Código Penal, la imposición de tasas judiciales que dificultan el acceso a la justicia o la reforma que limita la justicia universal. Por mucho que el amplio aparato de propaganda que ampara las tropelías del Gobierno del PP intente vender cada una de sus contrarreformas y recortes como un paso hacia adelante, lo cierto es que cada una de sus decisiones más polémicas en lo político se corresponden a una coherencia absoluta con el sustrato ideológico más ultraconservador de la derecha española en cuanto al proceso de regresión en derechos y libertades ciudadanas.
