ES posible que, como señalan diversos estudios, la economía española pueda vislumbrar un horizonte de recuperación macroeconómica, pero la dura realidad es que los datos más objetivos apuntan a una complicada situación a medio y largo plazo de alto endeudamiento y déficit. A ello se añaden las dificultades que se prevén a la vista de los últimos datos conocidos sobre el crecimiento negativo de Alemania y las parálisis de Francia e Italia. Si la gestión de Zapatero alargó el déficit del Estado español sin control, las medidas del Gobierno de Rajoy han elevado la deuda pública por primera vez por encima del billón de euros, más del 98% del PIB. En realidad, nada que no hubieran venido advirtiendo economistas críticos con las políticas de recortes que ha impuesto el PP para el rescate bancario y en favor de las grandes empresas. La crisis abrió la puerta a la política de recortes de derechos sociales y laborales, a la progresiva privatización de importantes servicios públicos en el ámbito del trabajo o de la justicia y al deterioro de la calidad y nivel de las prestaciones públicas en sanidad, educación, dependencia, atención de menores y de mayores, cobertura a las personas desfavorecidas, etcétera, con la excusa de la necesidad de controlar el déficit. Sin embargo, la realidad demuestra una vez más que no ha sido precisamente así y que esta política finalmente ha elevado el desempleo y la precariedad laboral, ha reducido la capacidad de competencia comercial y ha empobrecido a las clases medias y las rentas de trabajo. Un endeudamiento galopante -sobre todo de la Administración central y proveniente de deuda externa-, con la corrupción y la economía sumergida como acompañantes, que según algunos expertos es, sencillamente, impagable. Esto significa que, además de que con toda probabilidad los ciudadanos deberán asumir nuevos recortes, como ya apunta el propio Gobierno del PP, y que todo ello repercutirá muy directamente sobre las nuevas generaciones, Rajoy deberá negociar una quita de la deuda con los acreedores, como apunta el profesor Joaquín Arriola en la entrevista que publica hoy DEIA . Una actuación que repercutiría directa y negativamente sobre la situación económica, acarrearía nuevas dificultades y deterioraría, aún más, la marca España, con todo lo que ello significa.