EL anuncio por Borja Prado, presidente de Endesa, empresa titular al 50% con Iberdrola de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, de la próxima presentación de la solicitud para reanudar la actividad de la planta -que cesó el 16 de diciembre de 2012- y mantenerla hasta 2024 ha provocado un debate que parece ceñirse a los criterios de necesidad energética y rentabilidad económica o, en todo caso, al de la conveniencia o no de la producción de energía a través de la tecnología nuclear. Cabría apuntar, en ese sentido, que Garoña apenas suponía, al cese de su actividad, el 1,3% de la generación eléctrica del Estado y, por el contrario, producía más de 30 millones anuales de beneficio tras impuestos. Y cabe recordar que fue Nuclenor la que, en setiembre de 2012 y con argumentos de rentabilidad, dejó pasar el plazo para la renovación de licencia y que el 10 de julio de 2013, dos meses después de que el CSN concediera un año más para la solicitud de prórroga de actividad, el BOE estableció el "cese definitivo" de la central. Sin embargo, una posible reanudación de la actividad en Garoña exigiría, en todo caso, un debate exhaustivo respecto a las condiciones de seguridad de una planta que superó en 2011 la previsión de cuarenta años de vida con que fue construida. Más allá incluso de la intranquilidad que genera el hecho de que el diseño y tecnología de la central inaugurada en 1971 sean idénticos a los de la tristemente célebre central de Fukushima, con idéntico reactor BWR-3 por ebullición de agua; que fueran realizados en ambos casos por General Electric, o que la central de Garoña, antes de su cese de actividad, hubiese reportado 136 sucesos, más de veinte en sus últimos tres años de actividad, es preciso recordar que el Consejo de Seguridad Nuclear ya exigió en junio de 2009, ante la petición de una prórroga de explotación hasta 2019, cinco años menos de lo que ahora se pretende, relevantes remodelaciones (como la instalación de un sistema de tratamiento de gases radiactivos, el refuerzo del aislamiento de las penetraciones de la contención, la mejora de la independencia de equipos y circuitos eléctricos o la mejora de la protección contra incendios) que ascendían ya entonces -dos años antes de Fukushima y de las posteriores recomendaciones de la UE al respecto- a más de 100 millones de euros... pero finalmente no se realizaron porque solo iba a funcionar hasta 2013.