EL descenso del paro registrado, según datos facilitados por el Ministerio de Empleo que se traducen -en época preelectoral- como incipiente mejora de la situación socioeconómica, no deberían sin embargo producir más que una imprescindible prudencia, matizados como están por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) trimestral del Inem, que hace solo una semana concluían que en el Estado español se sigue destruyendo empleo seis años de crisis después. En primer lugar, que en abril haya, según el ministerio, 111.565 parados registrados menos es un hecho profundamente condicionado por la estacionalidad y la eventualidad. Respecto a la primera, la realidad es que la comparación interanual se realiza entre un abril con periodo vacacional (Semana Santa) y otro, el del pasado año, sin él y que tres de cada cuatro desempleados que salen del paro lo hacen con contratos del sector servicios, es decir, ligados directamente al turismo. Respecto a la eventualidad, conviene recordar que solo hasta enero y como consecuencia de la reforma laboral los contratos temporales habían crecido un 8,6% y los contratos por obra un 11,2%; lo que lleva a deducir que la contratación crea de nuevo el mismo empleo precario e inestable que llevó a un crecimiento exponencial y rapidísimo del paro en cuanto la economía estatal entró en crisis. Por el contrario, los contratos indefinidos o los de emprendimiento apenas repuntan y en el caso de estos últimos lo hacen sin acogerse a los beneficios fiscales que podrían permitir atisbar una cierta continuidad al menos en el medio plazo. Si a ello se añade que el lunes Bruselas situó por encima del 24% las previsiones de desempleo en el Estado para el próximo año y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo situaba ayer por encima del 25%; cabe deducir que el más moderado optimismo en el ámbito del empleo no está en absoluto justificado. Todo ello no es tampoco ajeno a Euskadi, que según el ministerio es la comunidad en la que menos bajó el paro en abril y donde el 92% de los contratos son temporales. Pero en nuestro caso el 7,89% de contratos indefinidos frente al 2% estatal y la imperceptible variación en la afiliación a la Seguridad Social permite siquiera atisbar una diferencia en cuanto a la estabilidad del todavía escaso e insuficiente empleado creado.