Operación-desaparición

LA operación desarrollada ayer por la Guardia Civil y saldada con la detención de ocho personas a las que el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, acusa de "permitir a ETA controlar al grupo de presos que están cumpliendo condena" -entre ellos algunos de sus principales abogados, ya arrestados en ocasiones anteriores- confirma el empecinamiento del Gobierno Rajoy en su única e inmutable política de persecución policial que, en lugar de acompañar a la resolución del problema, enturbia el proceso hacia el cierre definitivo de la violencia terrorista más de dos años después de su cese por ETA. Pero, al hacerlo, urge a esta a cumplimentar con premura los pasos precisos para que nadie ni nada pueda poner en cuestión su voluntad de desaparición definitiva, bien sea en el propio entorno o desde los aparatos y fuerzas del Estado. En ese contexto, la exigencia de su desarme cuanto antes, verbalizada por el lehendakari Iñigo Urkullu, adquiere no solo el apremio que conlleva el ser absolutamente mayoritaria en la sociedad vasca sino también el de las propias necesidades de la estrategia que en relación al fin de la lucha armada podrían pretenderse en la izquierda abertzale. Solo tras un desarme efectivo y comprobable puede procederse a la disolución de la organización que ha mantenido durante más de tres décadas el dramático desvarío humano y político de pretender defender derechos colectivos con la conculcación de los derechos individuales. Y solo una vez disuelta dicha organización procedería el Estado a la resolución del problema del colectivo de presos, quienes mantienen asimismo y en cualquier caso sus derechos individuales, incluidos aquellos para su reinserción que se enmarcan en la legislación vigente. Así, si lo que pretende la prolongación por ETA de la cronología del proceso es mantener un espectro de presión, una vez más vuelve a errar en su estrategia. Pero, al tiempo, si lo que en realidad procura el Gobierno Rajoy, como dijo ayer Fernández Díaz, es evitar que ETA pueda "controlar a sus presos, someterlos a su tiranía e impedir que se pudieran acoger a permisos, beneficios penitenciarios o reinserción individual", se antoja que la herramienta más efectiva no es ofrecer argumentos a quien, si los hay, se resiste al proceso sino eliminar el influjo que otorga a ese control el injusto mantenimiento de la dispersión.