EL anuncio por el president de la Generalitat, Artur Mas, del acuerdo entre CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA y CUP que determina la fecha -9 de noviembre de 2014- y la doble pregunta - "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?"- de la consulta a la sociedad catalana posee la virtualidad de un ejercicio de autodeterminación, contemplado en la legislación internacional, y la lógica democrática del derecho de una sociedad a decidir pacíficamente sobre el modo en que se organiza y relaciona con el exterior. No hay, en ese aspecto y a pesar de las rígidas negativas reacciones surgidas desde el Gobierno Rajoy y desde el PSOE, reproche creíble más allá del riesgo de división (de polarización quizás) de la sociedad catalana que, sin embargo, sería asimismo responsabilidad de aquellos que se oponen a la consulta, en algún caso incluso contra el criterio de una gran parte de sus bases, a pesar de la amplia mayoría social a favor de la misma que se trasluce en todas y cada una de las prospecciones sociológicas. De modo especial cuando con el ejercicio de ese derecho a decidir se reitera una voluntad de negociación y pacto a pesar de que la misma sea menospreciada por el Estado. Porque de menosprecio se puede calificar la reacción del ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la presidencia de Mariano Rajoy, cuando apelan a la "soberanía nacional" y "los derechos de todos los españoles" para "garantizar" que "no se celebrará la consulta" en un tono de imposición tan desafortunado como ignorante de las posibilidades legales que proporciona el art. 150.2 de la Constitución sobre la delegación de competencias; también contrario al espíritu de "concordia y respeto" que el propio Rajoy destacó en los funerales de Mandela. Y del mismo modo se pueden entender las palabras del secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando afirma que "el presidente de Gobierno y yo lo tenemos todo hablado" en un mal remedo del "atado y bien atado" que Franco expuso precisamente en uno de sus últimos discursos de Navidad. La pretensión de impedir que Catalunya exprese su voluntad cegando los cauces legales que existen para que lo haga -a los que se añadirá la Ley de Consultas catalana- carga de razones a los convocantes del referéndum, únicamente contribuirá a fomentar el alejamiento de Catalunya del Estado y abonará la crispación, tan peligrosa en tiempos de inestabilidad socio-económica.