EL 10 de diciembre de 1948, hace 65 años, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los que desde 1950 -tras la resolución 423 (v)- se celebra en la fecha de hoy el Día Internacional para contribuir a su observancia y progreso. Dicha declaración, en el sexto considerando de su preámbulo, afirma que "los estados miembros -y el Estado español lo es desde 1955, en pleno franquismo- se han comprometido a asegurar el respecto universal y efectivo a los derechos y libertades del hombre". Sin embargo, dicho compromiso no solo fue ignorado durante décadas de dictadura, sino que aún hoy se aprueba legislación que condiciona o limita dichos derechos a pesar del art. 10.2 de la Constitución de 1978 por el que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades (...) se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos". Así, buena parte de las reformas e iniciativas legislativas del Gobierno Rajoy, en virtud de su mayoría absoluta, atentarían contra la misma. Por ejemplo, la conocida como Ley de Tasas lo haría contra los arts. 7 y 8 de la Declaración por los que "todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección" y "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales"; el nuevo Código Penal pone en duda el art. 10 -"Toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia..."- y el art. 11 -"toda persona acusada de delito tiene derecho (...) que le hayan asegurado todas las garantías necesarias"-; el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana limita los arts. 18, 19 y 20 que conceden el "derecho a la libertad de pensamiento (...) así como la libertad de manifestar su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado". Pero no solo. En el ámbito socioeconómico, la reforma laboral no prioriza el art. 23.3 -"toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa que le asegura una existencia conforme a la dignidad humana"-; a cambio, la constitucionalización del déficit cero, pactada por PSOE y PP, y los consiguientes recortes sociales, incluida la expulsión de colectivos inmigrantes del acceso a servicios públicos limitan el derecho a "la asistencia médica y los servicios sociales" y "a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez" que estipula el art. 25 de la Declaración. No, no es día de celebrar, sino de reivindicar el cumplimiento de los Derechos del Hombre.