LA salida del PP del exdiputado Santiago Abascal, alineado en su día con María San Gil frente a la entonces nueva directiva del PP del País Vasco que encabezó el hoy alejado de la política Antonio Basagoiti; sus modos, mediante carta pública crítica a Mariano Rajoy; los razonamientos de la misma, centrados en lo que aún denomina "política antiterrorista" y que extiende a la política ante los nacionalismos catalán y vasco; no pueden entenderse en el mero plano personal sino enmarcados en las no por acalladas menos sonoras disonancias internas que el Partido Popular soporta. La posición en el Comité Ejecutivo Nacional del partido de Esperanza Aguirre -que fue quien acogió en Madrid a Abascal tras su alejamiento del PP del País Vasco- al cuestionar ayer a Rajoy por la permanencia del magistrado Luis López Guerra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que falló contra la doctrina Parot tampoco puede tomarse como una coincidencia. Como no lo es la activación de terminales mediáticos ante la inevitable aplicación de dicha sentencia por la Justicia española para dar voz a las reacciones más radicales dentro del comprensiblemente complejo y diverso mundo de las víctimas. Ni la sorda batalla para la confección de las listas europeas, con la presencia o no de Jaime Mayor Oreja, y su repercusión en la confección del Ejecutivo. Mucho menos las nada veladas pullas del expresidente José María Aznar a la práctica del Gobierno de Mariano Rajoy y el distanciamiento que este ha hecho constatar en público respecto a su antecesor. Sin embargo, limitar las discordias internas del PP a un fundamento ideológico que presuntamente radicaría en el modo de afrontar el final del terrorismo o la rigidez en la defensa de la unidad política y cultural del Estado español, cuando es en torno a esos conceptos donde menos diferencias existen; constituiría un pecado de ligereza en el análisis. No en vano, la pugna interna se evidencia cuando se adivina el desenlace del denominado caso Bárcenas y su afectación directa a la financiación del partido, cuando bastante más de un centenar de cargos populares están imputados por corrupción en Valencia y Madrid, las dos plazas fuertes del PP, y se intuyen las primeras consecuencias electorales y en la composición -o descomposición- del conglomerado de la derecha española.