EN 2003, la socialista Segolane Royal, con el doble objetivo de defender el derecho del menor a relacionarse con su padre y madre después del divorcio y fomentar la corresponsabilidad e igualdad parental, promovería la ley francesa de corresponsabilidad parental en la que tres son los ejes: la custodia compartida alterna como norma, la obligatoriedad de ir a conocer lo que es la mediación familiar y la liquidación del hogar conyugal en caso de desacuerdo.

Posteriormente, en 2010, reconociendo el fracaso de la ley impulsada por el Gobierno español de Rodríguez Zapatero, el Gobierno socialista catalán de Montilla aprobaría tambien un código civil propio reconociendo la custodia compartida como norma siempre que no fuera contraria al interés del menor. Asimismo el Gobierno socialista aragonés, presidido por Marcelino Iglesias, promulgaría en 2010 la ley de custodia compartida como norma preferente.

En 2011, a propuesta de Izquierda Unida,el Parlamento Navarro debatiría una propuesta de ley de custodia compartida como norma preferente, propuesta que fue defendida por Nafarroa Bai, estonces integrada por Aralar, Batzarre, EA y PNV.

En 2010 y 2011, se presentaron mociones a favor de la custodia compartida como norma preferente en las Juntas Generales, en los tres Ayuntamientos más importantes y en el pleno del Parlamento Vasco. En todas las instituciones en que estaban representados, EA, Aralar, Alternatiba y ANV votaron a favor. El PSE votó a favor en unas instituciones, en otras se abstuvo y en el Parlamento Vasco votó en contra de la custodia compartida como norma preferente y se abstuvo en la admisión a trámite de la ley.

Después de las elecciones, el grupo Parlamentario EH Bildu manifestó que iba a votar en contra a esta ley pese a que el tema no se había debatido en las bases y a la contradicción ideológica que plantea a partidos como EA, Aralar y Alternatiba que hasta el momento habían votado a favor de la custodia compartida preferente. El grupo parlamentario del PSE manifestó que su voto era contrario simplemente porque la ley tal como está no necesita modificación.

La primera reflexión que nos hacemos es cómo puede haber estas incoherencias ideológicas dentro de los partidos. Los que ayer apoyaban, hoy no lo hacen por intereses de poder, subordinando los intereses de la sociedad a los suyos propios. ¿Cómo se puede entender que un PSOE, partido de ámbito estatal, apoye la custodia compartida en unas CC.AA. y no lo haga en Euskadi?¿Cómo es posible que una ley que para la sociedad francesa de 2003 era progresista y basada en la igualdad no sea válida para la sociedad vasca de 2013? La sociedad vasca ha ido avanzando en igualdad y en la defensa de los derechos del menor y quizá los que no han evolucionado o han sufrido una involución son diferentes grupos políticos. ¿Si la custodia compartida era una bandera de la izquierda, ¿cómo puede ser que que ahora sea la derecha quien la defienda y la izquierda quien está en contra?

La respuesta objetiva es clara. EH Bildu ha subordinado sus principios ideológicos basados en la consulta popular, desarrollo del autogobierno y equiparación legislativa de Euskal Herria a las posiciones de un grupo feminista minoritario y radical que, mezclando churras con merinas, subordina los derechos del menor a los de la mujer. Y el PSE, a falta de un debate serio y participativo, es un nido de grillos en el que en unas CC.AA. dicen una cosa y en otras otra. Situación que se ha repetido en las instituciones vascas. Todo ello dependiendo también del poder del lobby feminista radical. Pero lo más preocupante de todo es su incapacidad para aceptar ni un solo punto o coma de nuestros planteamientos sin argumentos concretos que los contradigan. El dogmatismo por el dogmatismo.

Aún más, tal es el miedo al debate interno y sus resultados que algun partido ha remitido a sus asambleas un documento de Kide-tza de 2007 que, por supuesto, nada dice de la custodia compartida, otro con ningún tipo de información salvo la opinión de algún dirigente y ¡otras informaciones tergiversadas y manipuladas del proyecto de ley y de la opinión de la asociación. Sin embargo, en todos los casos han enviado información de grupos de abogados contrarios a la custodia compartida por razones obvias, económicas, ya que si baja la contenciosidad bajan los ingresos económicos. Las bases del PSOE no lo han debatido.

El planteamiento de estos grupos políticos es coincidente en afirmar que no es necesaria una ley vasca de custodia compartida pues la actual ley Zapatero ya la recoge, así como una oposición frontal a la custodia compartida preferente por ser, según ellos, impuesta. Pero la actual ley del divorcio reconoce la custodia compartida solo en caso de mutuo acuerdo, dándole el carácter excepcional en situaciones contenciosas, es decir en el 42% de los casos y posibilitando el derecho de veto de la mujer. Es por ello el bajo porcentaje de custodias en el País Vasco, 301 en 2012, frente a las 2.793 de Cataluña y 1.296 en Valencia, que sí tienen ley autonómica. Además, las estadísticas solo nos muestran las concesiones de custodias compartidas pero no las peticiones, dato que nos indicaría la urgente necesidad de modificar una ley pues la realidad de las personas que se divorcian no es la misma que hace 31 años, cuando se aprobó la actual ley del divorcio.

Ese carácter de excepcionalidad ya fue denunciado por el Ararteko al Parlamento Vasco en su informe del 2010, proponiendo que se instara a su modificación reconociendo la custodia compartida como norma, denuncia que fue ratificada por las tres Juntas Generales, que instaron al Gobierno de Madrid a que modificara la custodia compartida como norma preferente. El Fiscal General del País Vasco también se pronunciaría a favor de esta figura. Y recientemente tanto el Tribunal Supremo, con dos sentencias que han creado jurisprudencia, así como el Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal Superior del Estado, han remitido sendos informes aconsejando que la custodia compartida sea la norma salvo cuando no sea beneficiosa para el menor. Tambien es una demanda social registrada en el País Vasco, con más de 85.000 firmas, lo que confiere a la propuesta una representatividad de democracia directa que los partidos políticos no debieran olvidar, máxime cuando ninguno ha llevado este tema en su programa. Asimismo, es reseñable que según una encuesta realizada en febrero de 2010 por la empresa DYM market research, el 88,7% de la sociedad vasca se inclinaba por la custodia compartida.

El pretender que la custodia compartida solo se dé en caso de mutuo acuerdo no es únicamente dejar sin posibilidad de custodia compartida al 42% de los hijos, sino mantener la posibilidad de veto y chantaje de una de las partes, así como favorecer la manipulación de los hijos. También ignorar lo que vemos todos los días, acuerdos que se rompen de un día para otro.

Afirmar que la custodia compartida como norma preferente es una custodia impuesta es una simpleza. Cualquier decisión judicial normalmente es una imposición a una o a ambas partes. Por esa regla de tres, podríamos decir que la custodia monoparental a la madre es impuesta y por ello perjudicial para el menor.

La custodia compartida como norma preferente lo que hace es que los intereses de los padres se subordinen a los de los hijos, eliminando la capacidad de veto o chantaje que una de las partes venía teniendo y para la que utilizaba a los hijos.El juez, en función de unos criterios objetivos, adoptará la custodia compartida si es beneficiosa para el menor.

La vivienda es una de las asignaturas pendientes y la ILP propone compaginar el derecho del menor a una vivienda digna con ambos progenitores con el derecho de estos a tener un hogar digno propio lo antes posible. Y en el tema de pensiones alimenticias se plantea que quien más gane más pague y, con el objetivo de hacer frente al impago de pensiones, la creación de un fondo social para estas situaciones.

El 29 de octubre presentamos y defendimos el proyecto de ley en la Comisión de Justicia del Parlamento Vasco con cinco propuestas de mejora para legar a acuerdos con la izquierda vasca.Todavía tenemos esperanzas de que por el bienestar de nuestros hijos y para que el País Vasco tenga una buena ley, como otras CC.AA., con los mismos derechos forales, la izquierda vasca sea coherente con su ideología y prioricen la defensa del interés del menor.