LA formalización ayer, con la presencia y respaldo del lehendakari Iñigo Urkulllu, del acuerdo entre EAJ/PNV y PSE-EE "para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva", con el objetivo principal de la reactivación económica y especialmente la creación de empleo, conlleva una transformación de las relaciones políticas e institucionales en Euskadi y abre por fin un tiempo de estabilidad a la legislatura para enfrentar las consecuencias de la crisis económica. Y en esos ámbitos de la estabilidad, en el caso de los jeltzales, y del cambio de las relaciones políticas, en el de los socialistas, debe interpretarse la motivación, posibilidades y, lógicamente, los posteriores resultados que se deriven del mismo. Así, es evidente que el Gobierno del PNV logra una estabilidad, también en lo presupuestario aunque no solo, a la hora de diseñar y poner en marcha políticas y mecanismos que contribuyan a la recuperación socio-económica del país, primerísima preocupación del Ejecutivo y según todos los estudíos demoscópicos también de los ciudadanos a los que gobierna y representa. Para los socialistas, el impulso del acuerdo no es ajeno tampoco a la posibilidad de recuperar parte del rol que tradicionalmente el PSE había ostentado en la política vasca y que, sin embargo, había venido siendo dilapidado en los últimos tiempos hasta situar a los de Patxi López, tras las últimas derrotas electorales y su coste en cuanto a presencia institucional, en peligro de convertirse en fuerza residual, apartada por la inalterable solidez del PNV y la recolocación de la izquierda abertzale una vez superada la violencia. De ahí la relativamente rápida transición desde el "ni agua" al Ejecutivo de Urkullu con que los socialistas iniciaron la legislatura a este acuerdo con adendas que pretenden reforzar de cara a las próximas citas electorales la hoy escasa presencia institucional de los socialistas. Pero, sea cual sea la motivación que finalmente ha llevado a que el acuerdo cristalice también en cuanto a la amplitud de ofrecerse a otros ámbitos y formaciones, lo que no parece en cuestión es que otorga base parlamentaria a la puesta en práctica de políticas anti-crisis y pone coto a un tiempo de polarización de la política vasca, contribuyendo por tanto a su normalización.