LA oficialización por PNV y PSE de los cuatro Acuerdos de País en Beneficio de la Ciudadanía Vasca supone un punto de inflexión en la legislatura, nueve meses después de su inicio, con la concertación de prioridades entre el partido que ostenta el gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca tras ganar las elecciones y el partido que lo ostentó hasta ser el derrotado en las mismas; pero también en las relaciones interinstitucionales de nuestro país y, en función de su extensión y concreción últimas, incluso en cuanto a lo que ha venido siendo la relación política en los últimos lustros. No en vano es el acuerdo transversal más amplio desde los gobiernos de coalición PNV-PSE. Dicha amplitud, en cualquier caso y como la propia denominación de los Acuerdos indica, viene obligada por la responsabilidad política ante las necesidades y prioridades del país, inmerso en una crisis prolongada y de horizonte aún indeterminado pese a la aún tímida recuperación de los datos del PIB, necesidades y prioridades entre las que no se pueden considerar menores las de la estabilidad y coordinación en todos los ámbitos institucionales. Ambas son, serán también en el capítulo presupuestario, imprescindibles para desarrollar el impulso económico y la creación de empleo -con un plan que alcanzará los 6.290 millones de euros- y llevar a cabo con ese fin una revisión de la fiscalidad, de la lucha contra el fraude y del sistema tributario, o realizar la revisión de la arquitectura institucional tal y como se pretende, en profundidad, con el compromiso de aprobación de la Ley Municipal y el de abordar la actualización de la Ley de Territorios Históricos para tratar de acentuar la eficacia de la administración pública vasca en todos los niveles. En definitiva y sin menoscabo, mucho menos renuncia, de otros principios políticos e ideológicos, se trata del sostenimiento también en el futuro de los servicios y el modelo que a lo largo de las últimas décadas han llevado a nuestro país a los más altos niveles de bienestar y desarrollo humano, también mediante el consenso en lo fundamental frente a las políticas y reformas legales que, emanadas de otras instancias, han venido cargando el peso de la crisis económica en amplios sectores de la sociedad.