MIENTRAS PNV y PSE ultiman los flecos del acuerdo que están a punto de presentar a la opinión pública, lo conocido del mismo anticipa que se trata de un acuerdo de calado. Su importancia deberá medirse no sólo por sus efectos sobre la recaudación fiscal de las Haciendas vascas sino, especialmente, porque habilita un terreno de juego compartido por dos partidos que constituyen mayoría parlamentaria en Gasteiz y, en consecuencia, deberían facilitar la labor del Ejecutivo vasco en materia económica. Es obvio que esa mayoría no se traslada al conjunto de las instituciones del país y requiere de la incorporación del resto de fuerzas, con sus propias aportaciones, para poder materializar los activos que incorpora el pacto en materia fiscal y de acción económica, en los tres Territorios Históricos. Pero también lo es que los fundamentos del mismo están en una coyuntura económica, unas necesidades sociales y unas posibilidades fiscales difíciles de rebatir.
En este sentido, debería servir de base para que los objetivos de recaudación, junto con los compromisos de inversión y acción social, sean igualmente compartidos más allá de la divergencia ideológica. Los diferentes puntos de vista políticos son perfectamente legítimos, pero las obligaciones compartidas, y la financiación de las políticas públicas lo es, exige alejarse de dogmatismos ideológicos para propiciar respuestas reales a problemas reales. El acuerdo entre PNV y PSE que está a punto de ver la luz apela implícitamente a la responsabilidad del resto de actores políticos del país. A EH-Bildu y al Partido Popular, cuyas propias responsabilidades de gobierno deberían ser elemento clave para reconocer en los contenidos de ese acuerdo fórmulas que dan cobertura a sus propias necesidades.
Pero, en primera instancia, es indudable que quienes más compromiso adquieren son quienes lo suscribirán en primera instancia. El acuerdo debe servir para abrir un modelo de relación entre PNV y PSE que deje atrás una fase estéril. La acritud que la ha caracterizado es un factor a superar en el debate político, que puede seguir vigente en los aspectos que separan a ambas fuerzas. Pero a partir de este punto de encuentro hay tres años de legislatura en los que solo cabe la lealtad a este acuerdo.
