Treinta pasitos para atrás
NO quisiera pecar de pesado con el asunto de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), pero los lectores habituales son conocedores de la importancia que dicho asunto tiene para los baserritarras, la industria agroalimentaria y, por extensión, para todos aquellos que, directa o indirectamente, dependen de la producción agroalimentaria sea porque la producen, transforman, comercializan, inspeccionan o por el motivo que fuere.
Pues bien, hace unos días se celebró en Madrid la Conferencia Sectorial Agraria en la que el ministro Miguel Arias Cañete, respaldado unánimemente por consejeros autonómicos del PP, UPN y PSOE, salió victorioso. Solo votaron en contra de sus propuestas los consejeros, vasco y catalán, representantes de los incombustibles nacionalistas periféricos que volvieron abrumados por la invasión de competencias en toda regla que protagonizaba el simpático Cañete, jaleado por el coro de palmeros que apostaron por una aplicación estatal de la PAC para evitar complicaciones y los males mayores que pudieran acarrearse de la aplicación regional.
Euskadi estuvo representada por Ricardo Gatzagaetxebarria en sustitución de la consejera Arantza Tapia, que no pudo acudir por problemas de agenda. Pero ni la presencia del infatigable Gatzaga pudo evitar la consecución del paseo triunfante de Cañete. Eso sí, cabe recordar que dichos problemas de agenda vinieron ocasionados por otras responsabilidades gubernamentales que no se hubieran dado si el actual Ejecutivo vasco, atendiendo a las peticiones del sector, hubiese contado con un departamento propio para el sector primario y por ende, con una consejera full time para el sector.
Dicho esto, caben destacar varias cuestiones de lo que ha trascendido de la citada Conferencia, empezando por un modelo de aplicación exclusivamente estatal que se salta a la torera las competencias plenas en materia agraria de Euskadi y que tendrá consecuencias directas tanto en el diseño del primer pilar pero muy especialmente, en lo que se refiere al diseño de las líneas integradas en el segundo pilar.
Por otra parte, se ha aprobado la comarcalización productiva en cuarenta y dos comarcas sin que se prevea trasvase alguno de fondos entre las diferentes comarcas, que se supone serán bastante homogéneas en lo que a orientación productiva se refiere y que, por lo tanto, la dichosa convergencia interna será, oficialmente, más suave.
Llegados a este punto de la convergencia interna en cada una de las comarcas, haciéndome eco de lo recogido en la comparecencia del presidente del Fondo de Garantía Agraria (FGA), Fernando Miranda, de visita a Euskadi el pasado día 22 en la delegación del Gobierno central en Gasteiz, aprovechó la ocasión para aportar algo de luz y/o, al mismo tiempo, mayor inquietud al afirmar que cuando el ministerio indica que la comarcalización ayudará a suavizar la convergencia y que el descenso de importes percibidos por un agricultor será de un 30% como máximo, se está refiriendo al descenso que sufrirán algunos productores dentro del nuevo periodo 2014-2019. Obvia, en todo caso, que algunos productores sufrirán un descenso incluso superior al 50% al comparar lo que perciben actualmente con lo que percibirán en el primer año del nuevo periodo 2014-2019. Osea, todo un drama.
Aclarada esta cuestión, al menos inquietante para mí personalmente por su grave incidencia en algunos sectores ganaderos, cabe destacar que se han pospuesto para el otoño y a resultas de lo que emane de diferentes grupos de trabajo cuestiones importantes como la definición de agricultor activo, el listado de no perceptores, el umbral de aplicación de los criterios de agricultor activo, el criterio de mantenimiento de cultivos y de pastos, el destino de los pagos acoplados (aunque se marcan el vacuno de leche, carne y la remolacha como subsectores prioritarios), etc., pero subrayar que también se han resuelto otras cuestiones como la imposibilidad de trasvasar fondos entre pilares, fijar en el 2% la bolsa para jóvenes, la no aplicación del 5% para zonas desfavorecidas (en nuestro caso, zonas de montaña), la no inclusión de la superficie adicional de viñedo y de frutas y hortalizas, el establecimiento de 300 euros como límite inferior, la no aplicación de la prima a las primeras hectáreas, si al capping (límite de 300.000 euros), cuyos fondos se destinarán al segundo pilar.
Finalmente, en lo que se refiere al segundo pilar, utilizando como excusa medidas loables como el impulso a la concentración de oferta a través de fusiones intercooperativas de carácter suprautonómico, se aprovecha la coyuntura para aprobar un Programa Nacional que incluye, de rondón, otras medidas como las inversiones, medidas forestales, agroambientales, cooperación, innovación, etc que hasta ahora, han sido desarrolladas desde planes autonómicos.
Como decía, la idea mayoritaria de centralizar nuevamente la política agraria alrededor del ministerio, respaldada por los dos grandes partidos estatales, junto a la situación de debilidad financiera de las consejerías autonómicas incapaces de aportar su parte de cofinanciación en las medidas del segundo pilar, han creado la base necesaria e imprescindible para sustentar este pacto que, acertadamente, ha sido definido por el viceconsejero Oroz como "un paso atrás de 30 años en la gestión de la PAC".