El golpe en Egipto se vuelve más sangriento

SI algunas cancillerías tuvieron alguna vez dudas sobre el carácter del golpe militar que derrocó al presidente egipcio Mohamed Mursi, la intervención militar y policial desarrollada ayer para desalojar de las calles a los seguidores de los Hermanos Musulmanes ha puesto en evidencia la naturaleza de la situación.

El barniz de movimiento democratizador que pretendió darse el régimen se vio favorecido por la presencia en el gobierno de personajes reconocidos en Occidente, como Mohamed el Baradei, y por los errores que el propio gobierno islamista derrocado había cometido en sus escasos meses de vigencia, con medidas que atentaban objetivamente contra principios y garantías democráticas en los términos en los que podemos entenderlas en las democracias occidentales.

Sin embargo, El Baradei ya no ejerce de valedor de este gobierno, que es un instrumento sometido al influjo directo de los intereses de la clase militar dominante que se representa prioritariamente a sí misma. Una acción de gobierno que, hasta ayer mismo, se vio amparada a su vez por un amplio colectivo de fuerzas políticas de oposición -entre las que figuraban, no lo olvidemos, los propios islamistas radicales por pura rivalidad con el movimiento islámico histórico del país- que sumaban sus propios agravios al rechazo a las formas autoritarias que empezaba a mostrar Mursi.

Atascados en la encrucijada de intereses y formas poco democráticas de actuar, los ciudadanos egipcios se ven además sometidos a un estado de emergencia que acaba por dejar a la vista las verdaderas intenciones del régimen. Ya no caben tibias reacciones y hasta la Casa Blanca, que había mantenido una discreta distancia sobre los hechos, ha tenido que rechazar oficialmente el violento desalojo de los campamentos islamistas que reclamaban la liberación de Mursi. Los ciudadanos egipcios tienen derecho a intentar sus propias fórmulas y, si es el caso, a cometer sus propios errores políticos dentro de los parámetros de un sistema democrático de sufragio y garantías a los derechos individuales y colectivos. Si el modelo es firme en esos parámetros, incorporará sus propias medidas correctoras. La democracia no puede amparar una matanza.