Frente al nuevo retroceso en educación

LA reciente decisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de elevar hasta un 6,5 la nota necesaria para poder obtener una beca universitaria que cubra los gastos de transporte y alojamiento más allá de las tasas de matrículas y de dejar en un 5,5 la exigida para estas últimas, desoyendo el clamor social y el de la comunidad universitaria, supone una nueva axfisia para miles de personas en estos tiempos de crisis, vulnera el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la igualdad de oportunidades y privará a muchos alumnos de su acceso a los estudios superiores. En definitiva, asfixia un poco más a la educación pública. Porque esa es la consecuencia inmediata de la medida que endurece las exigencia académicas para obtener una beca: que quien tiene dinero con una misma nota podrá estudiar en la universidad y quien no lo tiene no podrá acceder a ella. Intentar decir que se trata de premiar a los mejores estudiantes es una maniobra para confundir a la opinión pública. Para estimular el esfuerzo del alumnado y elevar la exigencia académica hay otras vías. En la práctica, el nuevo sistema supone exigir más esfuerzo a quienes lo tienen más difícil por tener una situación económica más precaria que seguramente también les impide cualquier tipo de refuerzo en sus estudios. La medida además llega en plena crisis, justo un año después de que entrara en vigor el aumento de tasas en las universidades y ya se endurecieran los requisitos para las becas. La aplicación puede suponer reducir el número de estudiantes con beca en algunas universidades hasta el 50%. Así lo ha entendido el Gobierno vasco -que no aplicará la medida- y también los centros adscritos a la Universidad a distancia (UNED) en Euskadi, que aunque dependen orgánicamente de Madrid han decidido mantener los requisitos actuales. Si además se tiene en cuenta la precaria situación en la que se encuentra la investigación hoy en día en el Estado español, con el drástico recorte en becas de excelencia, queda claro que el PP no ve la necesidad de invertir en formación como garantía del desarrollo de un país. Un nuevo retroceso más dentro de la política del ministro Wert que se une a los dos polémicos aspectos de su ley: la inclusión de la asignatura de Religión entre las que cuentan para la media final del curso y su ataque a las lenguas cooficiales.