Editorial: Lo que no dice la ministra

LAS explicaciones de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ante la comisión del Congreso dieciséis días después del accidente ferroviario que costó la vida a 79 personas en Santiago de Compostela tampoco han servido -como no sirvieron el día anterior las de los presidentes de Renfe y Adif- para arrojar luz sobre las responsabilidades en las carencias de seguridad que presentaba la línea. La ministra, que medio mes después de la tragedia debería conocer y ser capaz de exponer ya todos y cada uno de los pormenores y decisiones que confluyeron en el trágico resultado del accidente, ni siquiera avanzó la exigencia de las mismas dentro de Renfe y Adif que, no conviene olvidarlo, son quienes por encargo del gobierno del Estado gestionan la red ferroviaria estatal y cuyos presidentes son nombrados por el Consejo de Ministros. Muy al contrario, tanto las pobres explicaciones como las muy generales iniciativas anunciadas dejan traslucir un intento de diluir las responsabilidades de directivos y políticos para depositarlas en el eslabón más débil de la cadena: el personal de las dos empresas que se reparten la gestión de la red ferroviaria. Y ello a pesar de que las cinco primeras de las veinte medidas expuestas por la ministra en su comparecencia ya apuntan a que no es precisamente en ese ámbito en el que hay que situar la exigencia de responsabilidad. La decisión de revisar los cuadros de velocidades de todas las líneas, las señalizaciones en vía, la dotación de secuencias de balizas ASFA en tramos de reducciones drásticas de velocidad -lo que se acaba de hacer tras el accidente en el tramo en que este se produjo-, la evolución de dicho sistema de seguridad y la transición al sistema homologado para la alta velocidad europea, el ERTMS; la instalación de algo tan sencillo como un sistema de comunicación manos libres para los maquinistas... apuntan a que han sido decisiones políticas emanadas del propio Ministerio de Fomento tanto con gobiernos del PSOE como del PP y/o empresariales tomadas por los directivos ferroviarios nombrados por estos las que exacerbaron el riesgo de que un error humano o un fallo técnico tuviera consecuencias tan graves como las que se produjeron el pasado 24 de julio. Y tratar, como parece, de ocultarlo solo redundará en una mayor desconfianza del usuario hacia el servicio ferroviario y del ciudadano hacia los políticos.