¡Qué país Miquelarena!

JACINTO Miquelarena fue un periodista deportivo de Bilbao, fundador del diario Excelsior, que acabó en el ABC tras ser el primer director de Radio Nacional de España. El marco de la frase que encabeza este artículo, que le cita y que ha quedado como expresión emblemática de lo que es España, fue una despedida de su amigo, Pedro Mourlane Michelena, en la estación. Estaban Mourlane y Miquelarena entretenidos en su conversación, cuando un coronel se asomó por una de las ventanillas del tren, ordenando a uno de sus soldados: "Corre a la cantina y que te den una guindilla picante". El soldado salió corriendo y de pronto se escuchó la voz del coronel que vociferaba: "Y que pique mucho, que si no te la voy a meter por el trasero". El imperativo diálogo sorprendió a los presentes. Tras oírlo, Pedro Mourlane levantó su majestuosa cabeza, miró a su amigo y exclamó: "¡Qué país, Miquelarena, que país!". La frase se hizo famosa y se incorporó como muletilla en las tertulias de la época. Con ese estribillo terminaban los comentarios críticos o jocosos de la vida española.

La frase me vino a la cabeza tras asistir el pasado jueves 20 de junio al pleno de discusión en el Senado sobre el proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, una iniciativa para jibarizar el órgano de los jueces, para recentralizarlo, para excluirnos y para seguir mediatizando a la justicia el mismo día en el que Miguel Blesa salía de la cárcel por orden de un juez que había denunciado las presiones que sufría, el día en que Yolanda Barcina pedía su caso fuera cuanto antes al Tribunal Supremo porque allí le iban a archivar su imputación y el día en el que la infanta Cristina sonreía en la misa por el centenario del nacimiento de su abuelo D. Juan como diciendo: "La justicia es igual para todos -como dice mi augusto padre- pero no en España". Bueno, con todo eso y con una ley discutida durante cinco horas, la prensa no le dedicó ni una sola línea en sus páginas. ¡Qué país Miquelarena!

Recuerdo al lehendakari Ibarretxe presentando en el Congreso de los Diputados la propuesta del Parlamento Vasco de reforma de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, lo que en Madrid denominaron Plan Ibarretxe para camuflar lo que era un acuerdo parlamentario. Aquel febrero de 2005, Ibarretxe desgranó la iniciativa, que se basaba en la capacidad del pueblo vasco en decidir su propio futuro, para lo que hacía falta un estatuto político que es lo que desde aquella tribuna presentó, explicando todos los poderes que una comunidad requiere, entre ellos el Poder Judicial. "El gobierno del Poder Judicial, en el ámbito de la Comunidad de Euzkadi -explicaba el lehendakari- corresponde a la institución vasca denominada Consejo Judicial Vasco, que ejercerá sus competencias y funciones en estrecha colaboración con el Consejo General del Poder Judicial en el Estado con el fin de preservar los principios de unidad e independencia jurisdiccional".

Su intervención era más extensa, pero valga este botón de muestra. Tras una de las réplicas, me acerqué al escaño donde le habían ubicado y le pregunté cómo se sentía ante la tensión de aquel hemiciclo que echaba chispas por todas partes: "Como si estuviera hablando desde el kiosco de mi pueblo", me contestó. Quería hacer normal lo que debería ser normal a nivel de calle.

Pero aquello no prosperó. Zapatero y Rajoy se pusieron de acuerdo y no dejaron que la propuesta avanzara un milímetro. La frenaron en seco. "Para vivir juntos hace falta decidir juntos", decían. "Antes debemos saber si queremos vivir juntos", respondió Ibarretxe.

Al poco, el socialista Maragall planteó la reforma del Estatuto catalán que en muchos aspectos recordaba la iniciativa del Parlamento Vasco. Aprobada en el Parlamento de Catalunya y refrendada por los catalanes dicha reforma fue cepillada por el Tribunal Constitucional. Y, lógicamente, en todo lo concerniente a la creación de un Consejo Judicial catalán, siguió la misma suerte que la iniciativa vasca.

En su artículo 97, decían: "El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano del gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del poder judicial". El artículo siguiente hablaba de todas sus atribuciones. De ellas, la mitad fueron declaradas inconstitucionales.

Ya tenemos pues a vascos y catalanes sin un Poder Judicial propio y decente pero ¡hete aquí! que, presentada la modificación del Estatuto de Andalucía, se hablaba asimismo de su Poder Judicial y en su artículo 144 se creaba ese Consejo de Justicia de Andalucía, con esta rotundidad: "El Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Ni Alfonso Guerra, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar pasaron el cepillo por sus artículos y ahí están los andaluces, con un Consejo de Justicia que ni los Caballeros de la Mesa Redonda. Y para cerrar la bondad de esta iniciativa andaluza, el propio Mariano Rajoy decía campanudo: "El Grupo Popular apoyará esta propuesta de reforma de Estatuto para Andalucía. Las razones de nuestro voto afirmativo se pueden resumir en cuatro puntos: es un buen Estatuto para Andalucía; es inequívocamente constitucional; cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista y, en fin, señorías, es fruto de un consenso entre los dos principales partidos que representan a la sociedad española".

Todo este pasado fue esgrimido el jueves 20 en el debate parlamentario que tuvo lugar en el Senado. Habíamos presentado varias enmiendas, una de ellas relativa a la creación de un Consejo Judicial Vasco como el que tienen los andaluces. ¡Vade retro! ¡Qué osadía! "Ustedes lo que quieren es romper España". "¿Y Andalucía?", preguntaba Jokin Bildarratz. Solo faltó que nos dijeran que Andalucía no es territorio comanche sospechoso y por eso tiene su Poder Judicial propio, que son gente leal, no como estos tipos raros de provincias traidoras.

No sé por qué tenía la equivocada idea de que Manuel Clavero Arévalo, el ministro para las Autonomías de Adolfo Suárez, dormía el sueño de los justos en el Valle de Josafat. Pues no. Vive en Sevilla y Victoria Prego le entrevistó el domingo 16 de junio. El título de la entrevista era expresivo: "Estoy orgulloso de ser el autor, junto a Suárez, del café para todos". La entrevista era interesante y en ella hablaba de que fue él quien forzó la máquina para que Andalucía fuera considerada "nacionalidad histórica" rompiendo el compromiso implícito de que las autonomías de verdad iban a ser tres: Euzkadi, Galicia y Catalunya. "Se ganó con más del 50% de votos favorables en todas las provincias, menos en Almería. Y entonces el Gobierno de la preautonomía decidió que aceptaba la derrota porque que no se habían cumplido las condiciones del 151. Pero yo llamé a Escuredo (entonces presidente del ente preautonómico) y le dije:

- Rafael, esto es un error tremendo, no podéis aceptar la derrota, solo se ha perdido en Almería y se ha ganado en todas las demás. ¡Hay que seguir luchando, Rafael, nosotros no podemos admitir que Andalucía ha perdido!

- ¿Le importa decirle esto a Felipe y a Alfonso Guerra?, me dijo.

- No, no me importa.

Y entonces me reuní con ellos dos y les convencí".

Es la historia de una apuesta partidista en la que desde los militares, sumados a los que nunca quisieron nuestro encaje en un Estado confederal y a las baronías territoriales, junto a un PSOE jugando a corto, crearon el actual Frankenstein, monstruo que esta semana ha tenido un episodio más con la historia de los Consejos Judiciales. Y ni una línea. Ni una reflexión. Solo importa que la guindilla pique.

¡Qué país Miquelarena!