Corrupción, desposesión y democracia

LA corrupción, en sentido estricto, se define como un soborno a cargo público con dádivas o dinero. Lo sustancial es que se compra un comportamiento, que deja así de estar vinculado a la equidad o a valores colectivos y pasa a depender de forma espúrea de intereses privados o económicos. No hay sistema en el que no haya corrupciones individuales, se descubran o no. Se producen de manera más acentuada en aquellos sistemas que, como el capitalismo, ensalzan y se basan en el egoísmo individual e invitan a rozar, cuando no a sobrepasar, el límite ético o legal en los comportamientos económicos y sociales. Por extensión, lo que es atribuible a un individuo lo es también a colectivos. Esta es la parte social o políticamente más preocupante, porque transciende los comportamientos individuales perseguibles para afectar a colectividades enteras que se mueven con códigos ocultos: con unas reglas propias, distintas a las reglas comunes que solo retóricamente se respetan y ensalzan. Egoísmo, poder, ocultación, impunidad y silencio social conforman una cadena peligrosa. Si el Estado de Derecho no pone frenos, vigilancia y persecución, la corrupción se extenderá como una mancha.

Por derivación, también puede hablarse de la corrupción sistémica, la corrupción del propio sistema, para referirse a estructuras económicas, sociales o políticas que no cumplan con unos mínimos de necesidades sociales en el sentido de la equidad, el bienestar y la libertad. Por definición, dictaduras y mafias suponen corrupción en sí mismas. La ventaja de las democracias es que antes o después harán aflorar algunos hechos y se sancionará una parte de ellos, lo que hace que potencialmente puedan controlarse y disuadirse mejor.

Mil veces más dañina que la corrupción estricta es la desposesión colectiva. Una como otra comparten raíces, pero la desposesión es la corrupción llevada hasta el grado máximo. Se pasa de robar al erario público o de unas ganancias ilegítimas a la institucionalización desde el poder político del empobrecimiento de las mayorías tanto de forma individual como colectiva y, además, culpabilizándolas ("vivíais por encima de las posibilidades"). La llaman, con eufemismo, "austeridad", pero se trata de una cleptocracia que redistribuye la riqueza en beneficio de una minoría.

No hablo del mero capitalismo basado en el beneficio, la propiedad y la desigualdad, y que se legitima a sí mismo con el argumento de que el fuerte enriquecimiento de los menos es compatible con que los de abajo mejoren su posición en ciertos momentos. Me refiero a ese mismo capitalismo que desbocado, ya sea en fases expansivas o depresivas, deja de mirar por unos mínimos de bienestar colectivo y gana a su causa a los poderes políticos redistribuyendo negativamente riqueza y rentas, mediante la desposesión de las mayorías más desfavorecidas y vulnerables, en beneficio de una minoría reducida. Y para ello da un golpe de Estado tácito, a modo de un cesarismo de las finanzas, encarnado por Merkel, eliminando el valor de la política democrática como gestión para todos y poniendo a los poderes políticos al servicio de los poderes económicos y, especialmente, financieros. La cadena de renuncias que Zapatero escenificó, cambiando su política económica de un día para otro y apisonando la soberanía popular como en Grecia o Italia o Portugal, es un buen ejemplo. El paroxismo al que lo ha llevado Rajoy cada viernes de pasión, la consagración.

Hay corrupción en sentido estricto en todos los regímenes democráticos pero no es lo mismo una corrupción estructural presente en todos los poros del sistema que la corrupción puntual o de excepción. Si se hace un balance, hay que pensar que en el Estado español hay corrupción estructural y no solo puntual. Más en unos ámbitos (contratos públicos, construcción, eventos, financiación de partidos, información privilegiada, fraude fiscal?) que en otros. En épocas de vacas flacas la corrupción es más sangrante e hiriente, con la inquietante sensación social de que todo es comprable, lo que mina la cooperación social y el sentido de la comunidad.

En el ranking mundial, siendo el Estado Español la 11ª economía del mundo, estaba en el puesto nº 30 en la lista de percepción de la corrupción sobre un total de 180 países en 2010 (índice de Transparencia Internacional). Hay un significativo desajuste entre potencia económica y potencia moral aunque en ambos capítulos habrá perdido puestos en este trienio. Ese grado de (percepción de la) corrupción indica que no se asimilaron aún cualidades de sociedades avanzadas, ni hay madurez en las élites, ni estructuras acordes para fiscalizar y erradicar esos comportamientos. Aunque no sea un desastre -tiene muchos países por detrás- es una asignatura pendiente.

Hay un problema de fondo. Las democracias que han derivado en partitocracias piensan la sociedad en claves de interés particular: la comunidad partidaria sustituye al bien común colectivo. La lógica dominante es proteger a "los nuestros" en un régimen de castas políticas con su clientela, alumbrado en el bipartidismo de Estado o en las mayorías amplias en las Comunidades. Se instalan la cooptación y la lealtad al líder y a una élite todopoderosa que reparte posiciones en la jerarquía social. Así se transforman en plutocracias, en democracias autoritarias, más formales que reales. y la corrupción tiene espacio para reproducirse más fácilmente que en democracias avanzadas, con sensibilidad al tema y con mecanismos de detección y de contención severos.

Cabe decir que el grado de corrupción es inversamente proporcional a la calidad democrática. A más democracia, menor corrupción y más rápida depuración mediante controles y dimisiones que hoy son rara avis, incluso cuando hay inculpación judicial. La corrupción sería reducible con la mejora de la calidad de la democracia, el imperio del derecho, las responsabilidades públicas en caso de abusos -nula condescendencia-, el deber ciudadano de denuncia...

Caben, eso sí, algunos antídotos para disuadir aunque no erradicar la corrupción. El primero es cambiar el silencio social, cuando no el respeto a los corruptos, por lo contrario: la indignación colectiva. Los movimientos sociales y partidos progresistas tienen un gran papel. La educación en valores para un cambio de mentalidades sociales en la escuela y en los media es otra de las vías.

El segundo antídoto es la reforma de la economía. Generar un tejido económico vivo que valore el conocimiento, la producción material o inmaterial y el esfuerzo (no el dinero fácil del pelotazo). Para ello se ha de favorecer a las Pymes, a la economía social y del bien común, el sector público, los flujos crediticios, la innovación social, el impulso del conocimiento y de la cultura, la democracia económica en las empresas y, todo ello, pasa por la desobediencia a aplicar la política de la troika.

La tercera contramedida es política y múltiple. Se trata de plantearse como objetivo un cambio por una democracia radical y de calidad (que incluya, por cierto, el derecho de decisión de las naciones sin Estado) basado en la participación y la redistribución social del poder. Pasa por profundizar en el control y evaluación institucional; la implantación de la transparencia y rendición de cuentas; reforma del sistema electoral mediante listas abiertas, el voto en conciencia y la comprensión del programa electoral como un contrato ciudadano exigible; la revisión de las reglas en el Estado (plazos de prescripción de delitos económicos y fiscales, devolución de lo obtenido ilícitamente, endurecimiento de las sanciones a corruptores, eliminación de aforados); cambio de la ley y estatutos de los partidos, así como la revisión de las vías para su financiación y la implantación de mecanismos de control.

Si hubiera que hacer un listado de reformas legislativas para promover esos cambios, la lista sería larga: ley de partidos, ley electoral, reforma de las leyes orgánica y de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ley de transparencia y sistemas de control, código penal, ley de derecho de la información que refuerce la independencia informativa e institucionalice los consejos informativos en los media...

El cuarto mecanismo es un sistema judicial en funcionamiento con dotación de medios que facilite la persecución de los delitos de corrupción, malversación o fiscales. Debería venir acompañado con la despartidización de la Justicia, el impulso de los juzgados naturales, la revisión de la existencia de la Audiencia Nacional o la dependencia de la Fiscalía General respecto al Ejecutivo.

Finalmente, es muy relevante la promoción y protección del periodismo responsable y de investigación -intermedia con la sociedad- que haga fluir la información y denuncie los comportamientos antisociales. Los códigos deontológicos servirían de paraguas para la autonomía profesional.